La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos sin comprobar, presunta subcontratación ilegal de personal y recursos federales pendientes de aclarar
Oaxaca. ( Marcrix Noticias).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció presuntas irregularidades por 103 millones 184 mil 983 pesos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2024, al detectar anomalías en el manejo de recursos federales destinados a la principal universidad pública del estado de Oaxaca.
El informe de la ASF señala que el monto más importante observado asciende a 101 millones 903 mil 632 pesos, correspondiente a la contratación de empresas para proporcionar personal bajo la figura de asesores académicos, administrativos y financieros.
Sin embargo, la auditoría concluyó que la universidad no acreditó que dichos servicios fueran especializados, requisito indispensable para justificar ese tipo de contratación conforme a la legislación vigente.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “no se contó con la documentación suficiente que acreditara la naturaleza especializada de los servicios contratados”, por lo que determinó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por el monto observado.
Además, la institución detectó otras inconsistencias relacionadas con recursos federales ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024.
La ASF también informó que, aunque una parte de las observaciones fue solventada mediante reintegros y aclaraciones presentadas por la universidad, 103 millones 184 mil 983 pesos permanecen pendientes de justificar, motivo por el cual presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse del caso.
Con esta cifra, la UABJO se ubica entre las universidades públicas estatales con mayores montos observados durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Las observaciones forman parte del proceso de vigilancia sobre el uso de recursos federales en instituciones de educación superior y buscan garantizar que el dinero público sea ejercido con legalidad, transparencia y eficiencia.