La presidenta aseguró que, aparentemente, la exconsejera presidenta del organismo electoral y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas permanecen en México; sin embargo, reconoció que no tiene confirmación oficial sobre su ubicación
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- En medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada nuevamente sobre el paradero de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, ante las versiones de que habría salido del país rumbo a Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal señaló que, hasta donde tiene conocimiento, Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas continuarían en territorio mexicano, aunque pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) proporcionar información para confirmar su situación.
“Sí, parece que sí”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada.
Sheinbaum omite paradero de Guadalupe Taddei
La pregunta se produce después de que, un día antes, la presidenta reconociera que el paradero de la exfuncionaria electoral y de los empresarios no había sido abordado en las reuniones del Gabinete de Seguridad, por lo que tampoco contaba con información oficial que confirmara si habían abandonado el país.
El caso tomó relevancia luego de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentara una investigación sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por obtener contratos para proveer materiales y servicios electorales a través de organismos electorales.
De acuerdo con la información expuesta por el Gobierno federal, estas empresas habrían acumulado contratos por alrededor de 2 mil 740 millones de pesos durante aproximadamente 27 años, mediante esquemas en los que presuntamente se simulaba competencia entre proveedores.
Sheinbaum también ha señalado que las posibles responsabilidades administrativas o financieras relacionadas con el caso deben ser determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).