Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los familiares de las víctimas ofrecieron “aportar insumos técnicos para la construcción de un proyecto de resolución que sea útil para frenar las desapariciones en México”
México (Marcrix Noticias)-En el contexto de la virtual discusión de la crisis de desapariciones en México en la Asamblea General de Naciones Unidas, colectivos de familiares de personas desaparecidas, expertos y académicos presentaron una propuesta a los países que integran el organismo multilateral para brindar “cooperación internacional, apoyo técnico y financiero” con el fin de atender la situación que rebasa las 135 víctimas de desaparición y persistencia de al menos 72 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de fiscalías federal y estatales.
En una comunicación remitida a los países miembros de la ONU, los firmantes recordaron que el 12 de mayo pasado, el secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitió la nota A/80/737 a todos los países miembros de la Asamblea General ONU informando la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la activación del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para el caso de México.
El documento fue respaldado por 44 colectivos de familiares de personas desaparecidas; 112 familiares directos; 63 organizaciones de derechos humanos, y 51 activistas y académicos, quienes anunciaron que promoverán reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York y con expertos independientes de Naciones Unidas, así como organizar espacios de diálogo con familiares de víctimas.
Recordaron que el CED tomó esa decisión al considerar que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado en México como crímenes de lesa humanidad”, por lo que solicitó que la Asamblea analizara “brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”.
Asimismo, el CED pidió a la Asamblea considerar “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
En su mensaje, los colectivos de familiares de personas desaparecidas lamentaron que en este proceso el gobierno de Claudia Sheinbaum “ha interpretado la resolución del CED como un ataque y la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han manifestado reiteradamente que el gobierno no está de acuerdo con el procedimiento activado” por este órgano de tratado “pues considera que no se sustenta la presunción de que existe una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional”.
Por el contrario, las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que las acompañan señalaron que la aplicación del artículo 34 de la Convención, “es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a una problemática cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado”.
Al señalar que este proceso debe verse como “un diálogo profundo sobre las maneras efectivas y cooperativas de abordar la proliferación de las desapariciones en México y en el resto del mundo”, los firmantes propusieron que “uno o varios Estados adopten y promuevan el asunto ante la Tercera Comisión”, de la Asamblea General en la que se abordan los temas de derechos humanos, para que, mediante mociones, se acuerde un procedimiento para aplicar el artículo 34 de la Convención.
Opinaron que ese procedimiento “podría definirse por una comisión o una persona experta independiente designada, que elabore una propuesta de seguimiento a la solicitud del CED, en consulta con los Estados miembros de la Convención, incluido México; con expertos en la materia, incluyendo al CED, y con los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”.
Sugirieron que la Tercera Comisión “adopte la propuesta de la comisión independiente, asignando los recursos suficientes”, para la elaboración de un proyecto de resolución que cuente con “la participación, supervisión y evaluación de la Tercera Comisión, y de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que permitan a las víctimas acceder a procesos que conduzcan a la verdad y a la justicia”.
Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los familiares de las víctimas ofrecieron “aportar insumos técnicos para la construcción de un proyecto de resolución que sea útil para frenar las desapariciones en México”.
En la comunicación, los firmantes puntualizaron que siendo la primera vez en que el CED aplica el artículo 34 de la Convención, su propuesta tiene como objetivo que el procedimiento “se traduzca en cooperación internacional, apoyo técnico y financiero, búsqueda, verdad y justicia para las familias”.
Los firmantes insistieron en que “el artículo 34 no es un ataque: es una oportunidad para actuar frente a la crisis de desapariciones en México”.