El tribunal determinó que Donald Trump no tiene facultades para imponerlos bajo una emergencia nacional, aunque seguirán aplicándose.
Washington D.C. (Marcrix Noticias).– La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, dictaminó este viernes que los aranceles impuestos por Donald Trump a decenas de países son ilegales, al considerar que el Presidente no está autorizado legalmente para declararlos bajo el argumento de una emergencia nacional.
Sin embargo, la misma corte determinó que los gravámenes se mantendrán vigentes mientras el caso regresa a un tribunal inferior, lo que otorga tiempo a la administración republicana para presentar una apelación ante la Corte Suprema.
La resolución, aprobada por siete votos contra cuatro, representa un golpe a la política comercial de Trump, quien durante su mandato utiliza los aranceles, como herramienta para renegociar acuerdos, presionar a gobiernos extranjeros y recaudar miles de millones de dólares.
Los jueces coincidieron en que el déficit comercial, que fue la justificación del exmandatario, no constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” como exige la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
Pese al fallo, los aranceles seguirán aplicándose a las importaciones de prácticamente todo el mundo, lo que mantiene la tensión con socios comerciales de Estados Unidos y prolonga la incertidumbre en los mercados.
Expertos advirtieron que la decisión podría obligar al Gobierno a reembolsar parte de los impuestos recaudados si la Corte Suprema confirma la ilegalidad de los gravámenes.
Trump reaccionó de inmediato a través de Truth Social, su red social, al afirmar que la decisión es equivocada, pero subrayó que “todos los aranceles siguen en vigor”.
Aseguró que eliminarlos sería “un desastre total para el país” y defendió que son “la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y a las empresas que producen en Estados Unidos”.
La disputa legal se centra en dos tipos de aranceles decretados por Trump: los llamados “recíprocos”, que aplicaban hasta un 50% a países con los que Estados Unidos mantenía déficit comercial, y los “contra el tráfico ilegal de drogas e inmigrantes”, que alcanzaban a importaciones de México, Canadá y China.