Rechaza Carla Humphrey 34 constancias por no cumplir con requisito constitucional de promedio mínimo
Ciudad de México, 18 de junio de 2025 — La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, rechazó otorgar constancias a 34 candidaturas judiciales por no cumplir con el requisito constitucional del promedio mínimo requerido para participar en el proceso. La funcionaria subrayó que la legalidad y el respeto a los criterios de elegibilidad deben prevalecer en la conformación de órganos del Estado.
Durante la revisión de las candidaturas, se identificaron 34 casos en los que los aspirantes no acreditaron cumplir con el promedio académico exigido por la ley. Ante esta situación, Humphrey votó en contra de validar sus nombramientos, argumentando que “los requisitos establecidos no son opcionales ni flexibles, sino obligaciones constitucionales que deben ser respetadas para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a ejercer funciones judiciales”.
La consejera también destacó que entre los criterios revisados se encuentra la aplicación de la regla “8 de 8 contra la violencia”, que impide el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes de violencia de género, deudas alimentarias o faltas graves a los derechos humanos.
No obstante, Humphrey reconoció los avances del INE en la integración paritaria de los órganos judiciales, celebrando que el proceso electoral haya dado pasos firmes hacia la igualdad de género. “Se ha hecho un esfuerzo institucional relevante para cumplir con la paridad, lo cual es un logro que debemos reconocer sin dejar de ser críticos en los puntos que requieren corrección”, señaló.
Asimismo, la consejera llamó a reflexionar sobre posibles mejoras al modelo actual de elección, como el rediseño de boletas, el uso de herramientas tecnológicas como el voto electrónico y una mejor coordinación en las fechas de votación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y eficiencia del proceso.
El pronunciamiento de Humphrey se enmarca en una creciente exigencia ciudadana de garantizar procesos electorales justos, transparentes y apegados a los principios constitucionales, especialmente en un momento en el que la renovación del Poder Judicial es objeto de escrutinio público.