Con una votación de ocho votos contra tres, y un reiterado llamado a que no se crearán “mantos de impunidad”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los congresos estatales tengan la última palabra para aceptar o no el proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados, en contra de funcionarios locales, por delitos federales.
En el Máximo Tribunal se discutió el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 112, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de reformas a la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Tamaulipas.
Dichas disposiciones permitieron al congreso tamaulipeco no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en 2021.
En ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en contra del entonces gobernador, sin embargo, el Congreso local no quiso homologar el procedimiento de San Lázaro.
En su proyecto, la ministra Ríos Farjat planteó que los congresos locales, por respeto al Federalismo, deben evaluar la afectación a la gobernabilidad de la entidad, determinando la separación del funcionario una vez que los diputados federales hayan resuelto su juicio de procedencia.