Los coordinadores de diputados panistas y priistas rechazaron las versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo político para modificar las reglas constitucionales en beneficio del Ejecutivo estatal.
Monterrey (Marcrix Noticias)- Los grupos legislativos del PRI, PAN y Morena rechazaron reformar la Constitución Política de Nuevo León que permitiría al gobernador Samuel García separarse del cargo hasta por seis meses, imponer un encargado del despacho y contar con fuero mientras presuntamente haría campaña electoral.
Organismos empresariales manifestaron su oposición pública a que el cuestionado mandatario acusado de peculado y desvío de recursos públicos además de quebrar financieramente al Estado contara con fuero constitucional durante 180 días después de dejar el cargo, sin ser sometido a juicio político o denuncias judiciales.
La Constitución local concede 30 días naturales de licencia para que un mandatario se separe del cargo, nombrando a un encargado del despacho.
En ausencias más prolongadas, el Poder Legislativo está obligado a designar un gobernador sustituto o interino, sin la imposición de que sea del mismo partido del antecesor o de otra afiliación política.
La propuesta de MC era ampliar a 180 días la licencia.
El dictamen de la iniciativa de reforma planteada por la bancada de Movimiento Ciudadano fue desechada la noche del martes durante la sesión de la comisión de Legislación, en la que no contó con los votos necesarios para ser discutida en el pleno del Poder Legislativo.
Los coordinadores de diputados panistas y priistas rechazaron las versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo político para modificar las reglas constitucionales en beneficio del Ejecutivo estatal.
Durante la discusión del dictamen, la bancada priista rechazó una propuesta que abriría la puerta para que el titular del Gobierno estatal deje el cargo durante seis meses, con derecho a fuero, y que su grupo político mantenga el control de la administración pública.
La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, señaló que Nuevo León enfrenta retos mucho más urgentes que una reforma enfocada en la ruta política del Gobernador.
“Los ciudadanos esperan resultados en movilidad, seguridad, infraestructura y servicios públicos. No podemos perder de vista las prioridades de Nuevo León para discutir cambios que claramente favorecen a quien hoy ocupa el poder”, expresó.
De la Garza sostuvo que el sentido del voto priista demuestra que las decisiones de la bancada se toman con independencia y pensando en el interés del Estado, no en presiones externas ni en cálculos de coyuntura.
“En política se negocia, sí, pero para que gane la gente, no para que gane alguien con nombre y apellido. Las cosas no se hacen así. Esa reforma electoral tiene un beneficiario muy claro”, advirtió.
Con esta postura, el Grupo Legislativo del PRI dejó claro que no acompañará modificaciones constitucionales que generen ventajas políticas para ningún funcionario y reiteró que su responsabilidad es defender instituciones fuertes, reglas claras y gobiernos concentrados en resolver los problemas de la gente.
RECHAZAN ORGANISMOS EMPRESARIALES DAÑO A GOBERNABILIDAD EN NL
En un pronunciamiento público previo a las sesiones del Congreso, organismos empresariales manifestaron su rechazo a lo que consideran sería un daño a la gobernabilidad del Estado
“Los organismos empresariales y de la sociedad civil (CAINTRA, CANACO Monterrey, CANADEVI, CAPROBI, COPARMEX, CONSEJO CÍVICO e INDEX Nuevo león) expresamos nuestra preocupación y desacuerdo respecto a la iniciativa de ampliar de 30 a 180 días el periodo durante el cual el Gobernador del Estado podría separarse de su cargo mediante simple aviso al Congreso, sin solicitar licencia.
“Consideramos que una separación de hasta seis meses resulta excesiva e innecesaria, particularmente cuando la legislación vigente ya contempla mecanismos institucionales para atender separaciones prolongadas del cargo mediante la intervención del Poder Legislativo”, se destaca en el documento.
Agregan que los organismos intermedios del sector privado compartimos el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión del Estado y promover una mayor vinculación nacional e internacional para atraer inversión, generar empleo, elevar la competitividad, fortalecer las condiciones que favorecen el desarrollo social, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones de Nuevo León.
Sin embargo, acotan “consideramos que estos objetivos deben alcanzarse sin comprometer los principios de gobernabilidad, certeza jurídica, rendición de cuentas y equilibrio de poderes que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra entidad”.
En otra parte del posicionamiento, los empresarios señalaron su preocupación de que estas modificaciones, al no estar fundamentadas en evidencia técnica y referencias nacionales o internacionales, respondan a intereses partidistas rumbo al proceso electoral 2026-2027 en nuestro Estado.
“La posibilidad de que las obligaciones y responsabilidades del Ejecutivo sean ejercidas durante periodos prolongados por una persona no electa por la ciudadanía puede generar incertidumbre institucional en momentos que demandan liderazgo, coordinación y plena responsabilidad política”.
Se precisó que esta iniciativa no acredita la necesidad de ampliar el plazo que actualmente contempla la Constitución, para la atracción de inversiones, el desarrollo económico o la representación de Nuevo León en el ámbito nacional e internacional.
“Por el contrario, el estado se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión del país bajo las reglas actualmente vigentes, las cuales permiten al Gobernador realizar actividades de promoción y representación sin afectar la estabilidad institucional”.