Las propuestas incluyen consultas a deudores alimentarios antes del matrimonio, salud mental laboral y mayores penas por amenazas.
Chetumal, Quintana Roo (Marcrix Noticias).- El Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones cuatro iniciativas de reforma relacionadas con derechos familiares, salud mental de trabajadores del sector público, sanciones penales por amenazas y actualización de la legislación anticorrupción, durante la sesión ordinaria número 20 celebrada este martes 10 de noviembre.
Las propuestas deberán ser analizadas por las comisiones legislativas correspondientes antes de que puedan avanzar hacia su eventual discusión y votación en el Pleno.
Proponen consultar registro de deudores alimentarios antes del matrimonio
Una de las iniciativas fue presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, quien planteó establecer la obligación de los oficiales del Registro Civil de consultar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos cuando reciban una solicitud de matrimonio.
La propuesta busca que las personas conozcan si su futura pareja aparece en dicho registro antes de formalizar su unión.
Sin embargo, la consulta tendría únicamente carácter informativo, por lo que aparecer en el padrón no constituiría un impedimento legal para contraer matrimonio.
El legislador plantea que esta medida contribuya a garantizar decisiones informadas y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Buscan garantizar programas de salud mental para servidores públicos
Por otra parte, el diputado Rubén Carrillo Buenfil presentó una reforma al artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
La iniciativa pretende establecer como obligación legal la implementación permanente de cursos y programas de información, orientación y atención a la salud mental y ocupacional de los servidores públicos.
Con esta modificación, los programas de bienestar laboral tendrían continuidad independientemente de los cambios de administración en las dependencias estatales y municipales.
Plantean aumentar penas por amenazas contra docentes y personal judicial
La diputada Silvia Dzul Sánchez presentó una iniciativa para modificar el artículo 123 del Código Penal de Quintana Roo y aumentar hasta en una mitad las penas por el delito de amenazas en determinados casos.
La agravante se aplicaría cuando las amenazas estén dirigidas contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos con la intención de obstaculizar o condicionar su participación en un procedimiento penal.
También contempla sanciones más severas cuando las amenazas sean realizadas por estudiantes, tutores o familiares consanguíneos contra docentes, directivos o personal administrativo, debido al ejercicio de sus funciones escolares.
La propuesta busca ampliar la protección penal de quienes participan en procedimientos judiciales y de los trabajadores de instituciones educativas.
Actualizarán referencias a la Secretaría Anticorrupción
Durante la misma sesión, se presentó una iniciativa para reformar cuatro ordenamientos estatales relacionados con responsabilidades administrativas, presupuesto público, archivos y justicia administrativa.
El objetivo es sustituir en la legislación las referencias a la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por su actual denominación, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los cambios abarcarían la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado.
De acuerdo con la propuesta, las modificaciones serían de carácter normativo y no alterarían las atribuciones sustantivas de las autoridades encargadas de investigar faltas administrativas, fiscalizar recursos públicos o coordinar archivos.
Las cuatro iniciativas quedaron turnadas a comisiones para continuar su proceso legislativo, sin que se haya informado una fecha para su eventual votación.