La resolución impide que el exgobernador de Baja California sea llevado a juicio oral mientras se resuelve su amparo; permanece en prisión domiciliaria.

Ciudad de México (Marcrix Noticias).– Una jueza federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, relacionada con la importación ilegal de combustibles y un supuesto daño al erario de 4 mil millones de pesos.

La resolución fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, como parte del juicio de amparo 1085/2026, promovido por la defensa del exmandatario contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra.

De acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial, la suspensión definitiva establece que la causa penal deberá permanecer en su etapa intermedia y que no podrá dictarse el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el fondo del amparo.

Sin embargo, esta medida no significa que Ernesto Ruffo Appel haya sido absuelto ni que se hayan retirado los cargos en su contra, ya que la vinculación a proceso continúa vigente y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación.

El exgobernador panista enfrenta señalamientos por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La vinculación a proceso fue dictada en julio pasado por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en El Altiplano, resolución que actualmente busca combatir su defensa mediante el juicio de amparo.

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, como parte de las investigaciones federales relacionadas con una presunta red dedicada al contrabando de gasolina y diésel.

Según la FGR, el exmandatario estatal estaría vinculado con la empresa Ingemar, de la cual es señalado como socio fundador, accionista y secretario del Consejo de Administración.

Las autoridades federales investigan a esta compañía por su presunta participación en un esquema de importación ilegal de combustibles mediante transporte ferroviario, una modalidad relacionada con el llamado huachicol fiscal.

De acuerdo con la acusación, las operaciones atribuidas a la empresa habrían provocado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos, por lo que se iniciaron investigaciones para determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

Después de su detención, Ruffo Appel fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde permaneció aproximadamente dos meses y medio.

Durante su estancia en el penal de máxima seguridad, la defensa del exgobernador promovió diversos recursos legales para cuestionar las condiciones de su reclusión y solicitar modificaciones a las medidas cautelares.

En agosto, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez desechó dos demandas de amparo presentadas por Ruffo Appel, en las que denunciaba presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su permanencia en el centro penitenciario.

Posteriormente, un juez federal autorizó modificar la medida cautelar debido a la edad del exmandatario y a los problemas de salud expuestos por su defensa.

Como resultado, el pasado 26 de septiembre fue trasladado del penal de El Altiplano a Ensenada, Baja California, donde actualmente permanece bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria.

La medida contempla vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional durante las 24 horas, por lo que Ruffo Appel continúa sujeto a las disposiciones judiciales mientras avanza su proceso penal.

El exgobernador también forma parte del consejo consultivo del nuevo partido político Somos, aunque su situación jurídica permanece vinculada a las investigaciones federales por el presunto contrabando de hidrocarburos.

Con la suspensión definitiva concedida, el proceso penal no podrá avanzar a la etapa de juicio oral hasta que se emita una resolución sobre el amparo promovido contra su vinculación a proceso.

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