Empresarios atribuyen los cierres a inseguridad, altos costos, menor actividad turística y presuntas irregularidades en trámites y permisos.
Playa del Carmen(Marcrix Noticias).- Alrededor de 70 negocios de la Quinta Avenida han cerrado sus puertas ante un escenario cada vez más complicado para el sector comercial, marcado por el incremento de los costos de operación, una menor afluencia turística, afectaciones por el sargazo, inseguridad y mayores gastos relacionados con trámites y permisos.
A estos factores se suman denuncias de empresarios que aseguran haber enfrentado presuntas extorsiones y cobros irregulares relacionados con gestiones ante dependencias municipales, particularmente en procedimientos vinculados con Protección Civil.
El cierre de establecimientos refleja la presión que atraviesa uno de los principales corredores turísticos de Playa del Carmen, donde comerciantes han advertido que mantener abiertos sus negocios resulta cada vez más costoso frente a una actividad turística que no siempre garantiza los ingresos necesarios para cubrir gastos, nóminas, rentas, servicios y obligaciones administrativas.
Señalan problemas con trámites de Protección Civil
Entre los procedimientos que generan preocupación entre empresarios se encuentran los relacionados con los Programas Internos de Protección Civil, análisis de riesgos, rutas de evacuación, servicios médicos y de ambulancia, seguridad privada, pólizas contra daños a terceros y planes de salvamento para hoteles y establecimientos ubicados en zonas de playa.
De acuerdo con los señalamientos expuestos por empresarios y representantes del sector, la falta de reglas suficientemente claras y actualizadas puede abrir espacios para decisiones discrecionales durante las inspecciones y procesos administrativos.
Protección Civil cuenta con alrededor de medio centenar de inspectores que realizan revisiones a cientos de establecimientos, hoteles y restaurantes cada mes, en un destino turístico que recibe millones de visitantes anualmente.
Ante las denuncias sobre posibles casos de extorsión y falsas gestorías, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya ha llamado a sus integrantes a realizar directamente sus trámites, evitar intermediarios y reportar cualquier irregularidad.
Piden reglas claras para evitar discrecionalidad
Desde el Cabildo también se ha planteado la necesidad de actualizar los reglamentos municipales relacionados con Protección Civil, Bomberos y Desarrollo Urbano, bajo el argumento de que las disposiciones vigentes deben establecer con mayor precisión las obligaciones, sanciones, permisos y procedimientos para los contribuyentes.
El regidor Orlando Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil, ha señalado que existe una propuesta para actualizar la normativa que permanece pendiente de avanzar.
El objetivo, explicó, es reducir los márgenes de discrecionalidad y permitir que empresarios y ciudadanos conozcan con claridad cuánto deben pagar, cuáles son sus obligaciones, qué requisitos deben cumplir y cuáles serían las sanciones en caso de incumplimiento.
También se encuentra pendiente la actualización del reglamento relacionado con Bomberos, una medida que permitiría fortalecer la operación del área y contemplar la incorporación de más elementos para atender emergencias.
Comercios enfrentan múltiples presiones
Mientras las autoridades y organismos empresariales analizan mecanismos para reducir la carga administrativa y combatir posibles irregularidades, los comerciantes de la Quinta Avenida enfrentan además otros factores que han reducido la rentabilidad de sus negocios.
El encarecimiento de insumos y servicios, las rentas, los permisos, las afectaciones provocadas por el sargazo y los periodos de menor flujo turístico forman parte del escenario que, de acuerdo con empresarios, ha llevado a varios establecimientos a bajar definitivamente sus cortinas.
A ello se agregan los problemas de seguridad y las afectaciones derivadas de cortes en el suministro eléctrico, que en algunos casos han coincidido con incidentes y emergencias que requieren la intervención de los cuerpos de auxilio.
El cierre de aproximadamente 70 establecimientos coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones en las que operan los negocios de uno de los principales corredores turísticos de Playa del Carmen, así como garantizar trámites transparentes, reglas claras y atención efectiva a las denuncias de posibles actos de corrupción o extorsión.