La última consulta pública ocurrió hace más de una década por el fallido proyecto Dragon Mart.
Playa del Carmen (Marcrix Noticias)-El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha tomado medidas legales al presentar diversas demandas de amparo en respuesta a la negativa de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de iniciar consultas públicas relacionadas con proyectos de impacto ambiental en Quintana Roo. Según Aarón Siller, director regional de la oficina sureste del Cemda, esta situación afecta a los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, donde la autoridad estatal se ha negado a realizar estas consultas, una obligación que ha sido ignorada desde hace casi diez años.
Los temas en cuestión incluyen proyectos de fraccionamiento y urbanización, así como la explotación de bancos de materiales, que no involucran terrenos federales, como el ecosistema costero. Siller mencionó que la última consulta pública se llevó a cabo hace más de una década, relacionada con el fallido proyecto Dragon Mart en Benito Juárez. Esta serie de juicios ha sido impulsada por la negativa del gobierno estatal de convocar a una consulta pública sobre la apertura de una celda emergente en el relleno sanitario de Cancún.
Además, Cemda ha denunciado la falta de claridad en la publicación de los listados de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de proyectos que operan bajo la jurisdicción de las leyes estatales. La publicidad legal de estos proyectos debe realizarse a través del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, pero esta práctica ha sido deficientemente ejecutada.
Los amparos tramitados por Cemda están siendo evaluados en los juzgados federales Octavo y Séptimo de Distrito. Hasta el momento, la organización no ha obtenido ninguna suspensión de los actos reclamados, aunque los juicios apenas se encuentran en su etapa inicial.
Siller subrayó que la negativa de las autoridades estatales a llevar a cabo las consultas públicas viola el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que afectan su entorno. La falta de consultas públicas no solo afecta la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también limita la capacidad de la ciudadanía para influir en proyectos que podrían tener un impacto significativo en su calidad de vida y en el medio ambiente.