El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU concluyó que el Estado mexicano vulneró los derechos de 22 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, al mantenerlas por años bajo prisión preventiva oficiosa.
México (Marcrix Noticias)-El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), organismo de las Naciones Unidas, determinó que el Estado mexicano incurrió en violaciones a los derechos humanos de 22 mujeres recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, al aplicar de manera prolongada la prisión preventiva oficiosa, restringir el contacto familiar y no garantizar atención médica adecuada.
El dictamen fue emitido tras analizar una denuncia presentada por 22 mujeres que permanecían privadas de la libertad en dicho centro penitenciario, algunas de ellas desde 2009, acusadas principalmente por delitos relacionados con delincuencia organizada.
La resolución señala que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa derivó en periodos excesivamente prolongados de encarcelamiento sin una revisión efectiva de las medidas cautelares ni una evaluación con perspectiva de género sobre los impactos que esta situación generó en las internas.
De acuerdo con el organismo internacional, varias de las mujeres permanecieron más de una década en prisión sin que sus procesos judiciales avanzaran de manera significativa. Incluso, tres de ellas fueron absueltas entre 2023 y 2024, después de pasar más de diez años privadas de la libertad.
La integrante del Comité, Erika Schläppi, señaló que las detenidas enfrentaron una afectación desproporcionada derivada de la aplicación obligatoria de esta medida cautelar.
Además de la situación jurídica, el Comité documentó deficiencias en la atención médica dentro del Cefereso 16. Entre las observaciones se destaca la falta de personal médico permanente, incluyendo especialistas en ginecología, psiquiatría y otras áreas necesarias para atender las necesidades específicas de las mujeres privadas de la libertad.
La resolución también evidenció el aislamiento que enfrentan muchas internas debido a la distancia entre el penal y sus lugares de origen. Según la información analizada, numerosas mujeres no reciben visitas familiares porque sus seres queridos carecen de recursos económicos para trasladarse hasta el centro penitenciario.
Entre los casos expuestos ante la ONU figura el de Patricia Melo Tapia, quien permaneció bajo prisión preventiva desde 2011. Pese a padecer diversos problemas de salud y solicitar atención médica especializada, falleció en 2020 a causa de complicaciones que, según la denuncia, no fueron atendidas oportunamente.
Otro de los testimonios incluidos fue el de Ivonne Hernández Carbajal, quien denunció haber sido víctima de tortura junto con sus hijos al momento de su detención en 2012. Además, aseguró haber permanecido ocho años sin recibir visitas familiares y sufrir diversos padecimientos sin tratamiento adecuado.
En sus conclusiones, la CEDAW sostuvo que las prácticas judiciales y el marco legal vigente generaron una discriminación estructural contra las mujeres privadas de la libertad, al impedir que se evaluaran medidas cautelares alternativas acordes con sus circunstancias personales y responsabilidades familiares.
El Comité también expresó preocupación por las reformas constitucionales aprobadas en años recientes, al considerar que amplían el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y limitan la posibilidad de una revisión judicial efectiva sobre la necesidad y proporcionalidad de esta medida.
Como parte de sus recomendaciones, la ONU solicitó al Estado mexicano otorgar reparaciones integrales a las 22 mujeres afectadas, incluyendo compensaciones económicas y atención médica y psicológica especializada.
Asimismo, exhortó a México a revisar las medidas cautelares impuestas a las denunciantes con perspectiva de género, promover alternativas a la prisión preventiva y adoptar acciones urgentes para facilitar los traslados de mujeres a centros penitenciarios más cercanos a sus familias.
La resolución se suma a otros señalamientos realizados previamente por organismos de derechos humanos sobre las condiciones de internamiento en el Cefereso 16, considerado el único centro penitenciario federal exclusivo para mujeres en el país.