La detención fue realizada en Madrid tras una ficha roja emitida a solicitud de la Fiscalía estatal.
Cancún (Marcrix Noticias).- El fiscal Raciel López Salazar confirmó este lunes la captura de Luis Jorge “N” ,objetivo prioritario por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en Madrid, España.
El detenido era buscado por su probable participación en un fraude de más de nueve millones de pesos en agravio de una víctima en el municipio de Benito Juárez.
Durante la mesa de seguridad, López Salazar ponderó que la detención se llevó a cabo en Madrid como resultado de las acciones coordinadas entre la Fiscalía estatal, la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol México y autoridades de Interpol España. Se concretó en cumplimiento de una ficha roja y una alerta migratoria solicitadas por la Fiscalía de Quintana Roo luego de que el investigado presuntamente evadiera la acción de la justicia.
Cómo operaba el esquema fraudulento de Jorge “N”
De acuerdo con las indagatorias, los hechos investigados se remontan al 15 de octubre de 2025 en el municipio de Benito Juárez. La autoridad señala que Luis Jorge “N” se presentaba ante posibles inversionistas como un empresario exitoso con amplia capacidad económica.
Para respaldar esa imagen, presuntamente utilizaba vehículos de lujo, prendas de alto valor y referencias a negocios que ofrecían elevados rendimientos financieros.
Las investigaciones apuntan a que el ahora detenido solicitaba préstamos económicos con la promesa de devolver el capital en un plazo aproximado de un mes junto con los intereses acordados.
Como garantía, entregaba documentación relacionada con automóviles de alta gama. Sin embargo, las autoridades determinaron que esas unidades pertenecían a una empresa arrendadora y que el investigado no contaba con facultades para disponer de ellas.
Una vez obtenida la confianza de las víctimas, solicitaba nuevos recursos por cantidades cada vez mayores. Según la carpeta de investigación, al llegar las fechas pactadas para los pagos, incumplía los compromisos adquiridos y dejaba de mantener comunicación con los afectados.
Las denuncias permitieron establecer que el monto del perjuicio económico supera los nueve millones de pesos.