Las irregularidades incluyen cobros indebidos, retiros de dinero sin autorización y contratación de familiares; las medidas contemplan destituciones, suspensiones, multas e inhabilitaciones de hasta 10 años.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre las sanciones aplicadas contra 17 servidores públicos pertenecientes a 11 instituciones del Gobierno de México, luego de acreditarse faltas administrativas graves y no graves relacionadas con cobros indebidos, uso irregular de recursos, contratación de familiares y diversas omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Entre los casos se encuentran trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que solicitaron 70 mil pesos a un usuario, un funcionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que utilizó una cédula profesional ajena y un empleado del Banco del Bienestar que realizó retiros sin autorización de los titulares de las cuentas.
La dependencia explicó que las sanciones fueron determinadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, considerando la gravedad de cada conducta y el principio de proporcionalidad.
En los casos correspondientes a faltas administrativas graves, las sanciones fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado de investigaciones realizadas por distintos Órganos Internos de Control.
En la Comisión Federal de Electricidad, Edgar M. y Erick D. fueron inhabilitados durante cuatro años. En 2023, ambos realizaron la verificación de un servicio eléctrico en la zona de distribución Tacuba Valle de México Centro, donde detectaron una falla en un medidor, pero en lugar de proceder con la multa correspondiente solicitaron 70 mil pesos al usuario.
Por su parte, José S., funcionario de la Unidad de Medicina Familiar “C” de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 180 mil pesos.
De acuerdo con la investigación, el funcionario utilizó una cédula profesional que no le pertenecía para hacerse pasar como licenciado en Nutrición. La multa corresponde a los recursos que habría obtenido indebidamente.
En el Banco del Bienestar, Alejandro R. fue inhabilitado durante dos años y recibió una sanción económica de 13 mil pesos después de que, entre 2019 y 2022, realizó 15 retiros de efectivo de cuatro cuentas sin autorización de sus titulares.
Los movimientos fueron realizados desde la sucursal de Xochitepec, Morelos, y representaron un beneficio económico equivalente al monto de la sanción impuesta.
Otro de los casos corresponde a María N., de la Secretaría de Salud, quien fue inhabilitada durante tres meses por intervenir desde su cargo en la contratación de tres de sus sobrinos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
La funcionaria firmó las propuestas de ingreso y los contratos correspondientes, además de quedar como jefa directa de dos de sus familiares.
En el Servicio de Administración Tributaria, José V. e Israel A. fueron suspendidos durante 60 días por no restablecer oportunamente y sin justificación el Certificado de Sello Digital de una empresa durante 2021. La omisión permitió que la compañía utilizara durante dos años un certificado temporal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también dio a conocer sanciones contra otras 10 personas por faltas administrativas no graves.
En Petróleos Mexicanos, David R. recibió una suspensión de ocho días por otorgar y registrar incorrectamente, en septiembre de 2025, una incapacidad médica a una trabajadora del servicio de urgencias del Hospital General Coatzacoalcos, Veracruz, pese a que no tenía atribuciones para expedir el documento.
En la Guardia Nacional, Brandon E., Carlos O., Marco M. y José D. fueron destituidos luego de entregar durante 2023 y 2024 copias de certificados de bachillerato que no eran válidos. Los documentos eran un requisito para obtener la licencia para la portación de armas de fuego.
Juan P., servidor público del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue inhabilitado durante un año por no informar al área de Recursos Humanos sobre las inasistencias de un trabajador durante seis meses de 2023. La omisión ocasionó el pago indebido de 11 quincenas por un total de 209 mil pesos.
En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Néstor B. fue suspendido durante 15 días debido a que en 2023 solicitó el pago de dos millones de pesos a una cuenta bancaria perteneciente a una empresa contratada para digitalizar información administrativa, contable y jurídica, pero que no correspondía a la establecida en el contrato.
#ComunicadoBuenGobierno
— Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) August 23, 2026
La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró sancionar a 17 personas servidoras públicas de 11 instituciones del @GobiernoMX con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años, por haber cometido diversas faltas graves y no graves.
Con estas… pic.twitter.com/j0ZCTvCn75
Edmundo C., de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, recibió una suspensión de 14 días por no efectuar las gestiones necesarias para modificar el presupuesto destinado al mantenimiento de la escollera del canal de acceso a Puerto Laguna de Cuyutlán. Esta omisión derivó en el reporte de un pago superior al autorizado por 24 millones de pesos.
Finalmente, Eloy R. y Rosa M., del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recibieron una amonestación pública por no verificar que participantes de una licitación para impartir cursos de capacitación cumplieran con los requisitos establecidos.
La irregularidad derivó en una adjudicación indebida, aunque fue denunciada antes de que los contratos fueran firmados.
Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas mantienen su derecho a impugnar las resoluciones y aseguró que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones con base en las evidencias obtenidas y el marco jurídico correspondiente.
La dependencia también llamó a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad y sostuvo que las acciones forman parte de la estrategia para combatir la corrupción y fortalecer la ética y honestidad dentro del servicio público.