La red social regresa a suelo brasileño tras pagar su multa millonaria.
México (Marcrix Noticias)-Este martes, el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, emitió una orden para desbloquear la plataforma X (anteriormente Twitter), permitiendo que vuelva a operar en el país tras cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades. El desbloqueo se dio luego de que la empresa pagara una multa de 28,6 millones de reales (aproximadamente 4,5 millones de euros) y cerrara las cuentas de usuarios bajo investigación por la publicación de mensajes considerados antidemocráticos.
La orden también incluyó una instrucción a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para que informara a los proveedores de internet y estos reactivaran el acceso a la plataforma. Según el juez De Moraes, X debería estar nuevamente disponible para los usuarios brasileños en las próximas horas.
“Decreto el fin de la suspensión y autorizo el retorno inmediato de las actividades de X Brasil (…) en territorio nacional”, indicó el juez en su resolución, con un plazo de 24 horas para que Anatel informe sobre la implementación de la medida.
Este conflicto entre X y las autoridades brasileñas comenzó en agosto, cuando la plataforma fue multada por negarse a cumplir una orden de eliminar perfiles relacionados con la difusión de mensajes antidemocráticos. En respuesta, Elon Musk, propietario de X, decidió cerrar la sede de la compañía en Brasil. Sin embargo, en semanas recientes, la empresa reactivó su representación en el país, y la abogada Raquel Villa Nova retomó el papel de representante legal de la red.
La cuenta oficial de Asuntos Gubernamentales Globales de X celebró el retorno, reafirmando su compromiso con la libertad de expresión: “X está orgulloso de regresar a Brasil. Continuaremos defendiendo la libertad de expresión, dentro de los límites de la ley”, declaró la plataforma en un comunicado.
Este restablecimiento marca un capítulo clave en la relación entre X y las autoridades brasileñas, mientras la plataforma navega los desafíos regulatorios en su defensa de la libertad de expresión.