Un juez federal ordenó la demolición del edificio Maiim por construirse sin permisos de impacto ambiental en bahía Solimán.

Tulum (Marcrix Noticias)-La orden judicial que instruye la demolición del edificio Maiim, ubicado en la costa de bahía Solimán, Tulum, sigue firme, al menos del lado de las autoridades. Según la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), ninguna de las instituciones demandadas –ni la Profepa, ni la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), ni el municipio de Tulum– presentó recurso de apelación contra la sentencia emitida el 26 de mayo por un juez federal.

En cambio, la empresa desarrolladora del inmueble sí interpuso un recurso de revisión, por lo que el caso aún se encuentra en proceso judicial. DMAS, promotora del juicio de amparo que derivó en la resolución, lamentó la inacción oficial:

“Parece que el desarrollador se quedó solo. La sentencia obligó a las autoridades a actuar conforme a sus facultades para restaurar la zona, pero ninguna ha apelado”, señaló la organización en una actualización pública.

El inmueble Maiim fue construido sin contar con permisos de impacto ambiental, y durante su edificación se ofrecían departamentos de lujo con vistas a una zona costera crítica para la anidación de la tortuga marina. El edificio se encuentra a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum, cerca del Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, un área natural protegida por el gobierno estatal.

DMAS promovió el juicio de amparo en agosto de 2024, argumentando que el proyecto fue beneficiado con licencias presuntamente irregulares por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, poniendo en peligro el equilibrio ecológico y la protección de especies amenazadas.

El fallo judicial representa un precedente relevante en la defensa ambiental de la Riviera Maya. Aunque el proceso continúa abierto por la apelación del desarrollador, la ausencia de recursos legales por parte de las autoridades responsables ha sido interpretada como un acto de omisión o desvinculación institucional frente a una sentencia que exige la restauración ecológica inmediata.