El organismo detectó transferencias entre empresas y un despacho jurídico vinculado, según reportes, con la familia del gobernador.
Nuevo León (Marcrix Noticias).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Samuel García, por una presunta triangulación de recursos públicos que involucra operaciones superiores a 7 mil 200 millones de pesos entre constructoras, comercializadoras, proveedores y un despacho jurídico vinculado con la familia del mandatario.
De acuerdo con reportes publicados este sábado, la denuncia fue presentada el pasado 16 de octubre, después de que el organismo fiscalizador identificara movimientos financieros que podrían constituir irregularidades en el manejo del presupuesto estatal.
Durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel expuso un esquema de transferencias hacia distintas empresas, algunas relacionadas con familiares de servidores públicos.
ASF detecta transferencias millonarias a empresas proveedoras
La investigación señala cuatro rutas principales de recursos que salieron de la administración estatal hacia empresas privadas y que posteriormente fueron transferidos a otros proveedores, particulares y un despacho jurídico.
La operación de mayor monto corresponde a un pago de 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. De esta última salieron 385.3 millones de pesos hacia una firma jurídica que investigaciones periodísticas relacionan con Samuel García y su padre.
En otra operación, el gobierno estatal pagó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos. Esta última habría enviado 202.9 millones al mismo despacho.
Una tercera ruta involucra 243 millones de pesos entregados a una empresa de servicios, de los cuales 65.5 millones llegaron a una consultoría que posteriormente transfirió aproximadamente 62.9 millones a la firma jurídica.
Finalmente, la ASF identificó otra transferencia de 154.2 millones de pesos a una empresa que realizó pagos a una compañía de equipamiento, desde la cual habrían salido otros 77.03 millones hacia el despacho.
Las cuatro operaciones iniciales suman aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos, mientras que las transferencias posteriores identificadas hacia la firma jurídica ascienden a 728.13 millones.
Investigan vínculos con despacho de Samuel García y su padre
Los movimientos detectados coinciden con investigaciones publicadas anteriormente por Grupo Reforma sobre transferencias realizadas por proveedores del gobierno estatal hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con el gobernador y su familia.
Entre las operaciones examinadas aparecen movimientos vinculados con empresas que participaron en proyectos de infraestructura, particularmente las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey.
El auditor Aureliano Hernández explicó que las investigaciones permitieron identificar patrones de dispersión de recursos desde proveedores gubernamentales hacia cuentas relacionadas con familiares de funcionarios.
“En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos”, declaró durante la presentación de los resultados de fiscalización.
El funcionario evitó identificar públicamente a todos los involucrados, debido a que las investigaciones continúan y deben respetarse las garantías del debido proceso.
Auditoría también revisa operaciones inmobiliarias
Además de las transferencias entre proveedores, el organismo federal identificó operaciones relacionadas con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos, en las que aparece un funcionario cuya identidad no fue revelada.
Aunque diversos reportes periodísticos relacionan estos movimientos con el entorno del gobernador, la ASF todavía no ha establecido públicamente quién realizó las operaciones inmobiliarias señaladas.
Al ser cuestionado sobre la posible participación directa de Samuel García, Hernández Palacios sostuvo que el alcance de las responsabilidades forma parte de las investigaciones.
La Auditoría también aclaró que continúa calculando el posible daño al erario, por lo que el monto de las operaciones examinadas no constituye una cifra definitiva de recursos desviados.
ASF también investiga operaciones en Sinaloa
Durante la misma presentación, el auditor superior informó sobre otro esquema de presunta triangulación de fondos públicos en Sinaloa, relacionado con una constructora vinculada con familiares de un funcionario estatal.
Según la investigación, dependencias estatales y municipales adjudicaron contratos a una empresa que posteriormente realizó transferencias entre cuentas propias y pagos a particulares, incluidos movimientos hacia un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de préstamos.
En ambos casos, la ASF mantiene abiertas sus investigaciones para establecer el origen, destino y posible uso irregular de los recursos, así como las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.