La Cámara de Diputados avaló cambios a leyes sobre desaparición forzada y población, con el objetivo de mejorar la identificación y localización de personas desaparecida
La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general un paquete de reformas a las leyes en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y a la Ley General de Población, con el fin de reforzar las capacidades del Estado mexicano en la localización e identificación de personas desaparecidas mediante tecnología, coordinación interinstitucional y un enfoque de derechos humanos.
Como parte de los cambios, se establece la creación de una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que incluirá huellas dactilares y fotografía, con la finalidad de convertirla en un documento oficial de identificación nacional. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por legisladores de oposición, quienes advierten que este nuevo sistema podría facilitar el uso indebido de datos personales por parte del gobierno para vigilancia o espionaje.
Por acuerdo de los líderes parlamentarios, se votaron por separado las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, y las correspondientes a la Ley General de Población. La primera fue aprobada con 438 votos a favor de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, mientras que 38 diputados del PRI votaron en contra. Esta reforma crea la Plataforma Única de Identidad, que reunirá registros de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases, permitiendo búsquedas en tiempo real a través de la CURP.
En cuanto a la Ley General de Población, fue aprobada con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. La CURP biométrica también podrá utilizarse en formatos físicos o digitales y permitirá monitoreo continuo en tiempo real, con lo cual se pretende agilizar la identificación de personas y la interoperabilidad entre instituciones públicas.
La reforma obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a particulares que administren bases de datos biométricos —como bancos, hospitales, empresas de telefonía, entre otros— a permitir el acceso de instancias como la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad, para fortalecer las labores de búsqueda de personas.
Con estas medidas, el Poder Legislativo busca unificar esfuerzos federales y estatales, así como mejorar las herramientas tecnológicas y legales para enfrentar la crisis de desapariciones en México
No obstante, persisten cuestionamientos en torno a los riesgos que el nuevo sistema podría implicar para la privacidad y la protección de datos personales.