La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció amenazas de muerte luego de ubicar el rancho Izaguirre, en Jalisco, señalado por activistas como un posible crematorio clandestino.

Ciudad de México. (Marcrix Noticias)— Cecilia Patricia Flores, reconocida activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció haber recibido amenazas de muerte tras el hallazgo del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un sitio que grupos de búsqueda han calificado como “campo de exterminio”.

Aunque el caso ganó visibilidad nacional en marzo gracias al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, su dirigente Raúl Servín reconoció públicamente que Flores fue quien localizó primero el rancho en enero de 2024. “Todo lo que se encontró en ese lugar se visibilizó: las prendas, el calzado, las mochilas, todas las evidencias… Ya no quiero tener ningún problema con ese rancho”, expresó a la periodista Azucena Uresti.

¿Crematorio o campo de entrenamiento?

Pese a los reportes ciudadanos y hallazgos en el lugar, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que “no hay una sola prueba que acredite” que el rancho funcionara como crematorio. Aun así, se encontraron fogatas, zanjas y restos óseos calcinados.

Por su parte, Guerreros Buscadores reportó más de 400 pares de zapatos y restos calcinados, mientras que el gobierno federal identificó el sitio como un supuesto “campo de adiestramiento” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Todos sabemos que el rancho Izaguirre era un crematorio”, insistió Flores.

Amenazas en medio de su búsqueda personal

Además de las amenazas vinculadas al rancho, Flores denunció otra agresión mientras transmitía en Punta Chueca, Sonora, frente a la casa de “El Comander”, presunto responsable de la desaparición de su hijo Marco Antonio Sauceda, ocurrida en 2019. En el video, se observa a un hombre armado intimidándola.

“No voy a dejar de luchar por mis hijos”, declaró la activista, quien también busca a su otro hijo, Alejandro Guadalupe. En ambos casos, ha señalado la omisión de las autoridades y exigido que no se desacredite el trabajo de los colectivos.

“No se puede desmentir la lucha de las víctimas”, sentenció.