La manipulación de medidores y el uso de conexiones ilegales pueden derivar en sanciones económicas e incluso penas de prisión asegura Comisión Federal de Electricidad
Ciudad de México (Marcrix Noticias).-La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió que las personas que manipulen los medidores de luz o utilicen conexiones ilegales para obtener electricidad pueden enfrentar multas superiores a los 100 mil pesos, además de posibles consecuencias penales. La advertencia forma parte de las acciones para detectar irregularidades en el consumo de energía eléctrica.
Entre las prácticas sancionadas se encuentran las modificaciones a los equipos de medición y la instalación de los llamados “diablitos”, mecanismos utilizados para alterar el registro del consumo real de electricidad. Ante estas situaciones, la dependencia realiza revisiones en instalaciones domésticas e industriales para identificar posibles anomalías.
De acuerdo con la información difundida, las sanciones económicas pueden ir de los 23 mil hasta los 117 mil 310 pesos, dependiendo de la gravedad de la irregularidad y del tiempo durante el cual se haya incumplido con las disposiciones. Por ello, la cantidad final puede variar en cada caso.
Además de las multas, la alteración o sustracción ilegal de energía está contemplada en el artículo 254 del Código Penal Federal, que establece penas de 200 a mil días de salario y contempla condenas de tres a diez años de prisión, según las circunstancias del delito.
Como parte de las medidas preventivas durante noviembre, la CFE intensificó los monitoreos del cableado y las instalaciones eléctricas para detectar conexiones irregulares y promover la regularización del servicio. Estas acciones buscan reducir el robo de electricidad y garantizar que los usuarios paguen conforme a su consumo real.
La dependencia también exhortó a la población a respetar las disposiciones y evitar cualquier modificación no autorizada en los medidores. Asimismo, pidió denunciar de manera anónima las conexiones ilegales que sean detectadas, con el propósito de prevenir estas prácticas y las sanciones económicas y penales que pueden generar.
