La Fiscalía Anticorrupción estatal acusa al líder priista por presunto desvío de recursos; él denuncia persecución política y promete responder con denuncias contra Morena.
CIUDAD DE MÉXICO. (Marcrix Noticias)— Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, enfrenta un nuevo proceso de desafuero, esta vez por una acusación de desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.
La solicitud fue presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado y se suma a otro expediente abierto en 2022 por enriquecimiento ilícito, el cual, según Moreno, ya fue archivado por orden judicial.
“Persecución política brutal”
A través de su cuenta en la red social X, “Alito” calificó el proceso como parte de una “persecución política brutal”, señalando que las fiscalías están siendo utilizadas para intimidar a la oposición y desviar la atención de los problemas del gobierno federal.
“Los que hoy gobiernan están desesperados. Usan a las fiscalías como garrotes contra quienes los enfrentamos con valentía. No nos vamos a callar”, escribió Moreno, quien también anunció que presentará denuncias contra miembros de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desafuero en marcha
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados está próxima a emitir un dictamen que podría retirar el fuero constitucional al diputado y dirigente tricolor, lo que abriría la puerta a procesos penales formales.
Desde la coalición Va por México —conformada por PRI, PAN y PRD— han cerrado filas en defensa de su dirigente, acusando que el caso responde a motivaciones políticas y busca debilitar a la oposición rumbo a la recomposición política tras las elecciones de 2024.
Morena defiende legalidad del proceso
Por su parte, legisladores y dirigentes de Morena han defendido la legalidad del procedimiento, asegurando que se trata de una acción impulsada por autoridades judiciales estatales, no por el Ejecutivo federal.
¿Justicia o arma política?
Este caso reaviva el debate sobre el uso político de las instituciones judiciales en México y la selectividad en la lucha contra la corrupción. Mientras para unos es muestra de impunidad bajo ataque, para otros es un ejemplo del uso discrecional de la justicia para fines electorales.