Empresarios temen impactos operativos sin una implementación gradual

 

Cancún (Marcrix Noticias)-Ante la inminente discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, empresarios de Quintana Roo han manifestado su preocupación por las implicaciones que tendría esta medida en la operación de negocios locales.

Amir Padilla Espadas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum, explicó que de acuerdo con una encuesta nacional del sector, los principales riesgos identificados incluyen:

  • Incremento de costos operativos, al tener que contratar personal adicional para cubrir los turnos faltantes.
  • Disminución en la calidad del servicio, debido a ajustes abruptos en horarios.
  • Baja en la productividad y en las ventas, especialmente en sectores que dependen del servicio continuo al cliente.

Por su parte, María Jovita Portillo Navarro, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, aclaró que el sector patronal no se opone a mejorar las condiciones laborales, pero pidió que se escuche al empresariado y que se implementen mecanismos graduales que no afecten la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman la mayoría del tejido productivo en el estado.

¿Qué implica la reducción a 40 horas?

Actualmente, los trabajadores en Quintana Roo laboran 48 horas semanales con un día de descanso, conforme a la legislación vigente. La propuesta en debate busca reducir la jornada a 40 horas semanales, lo que implicaría un segundo día de descanso obligatorio.

La iniciativa, que se discute a nivel federal, ha sido respaldada por diversas organizaciones laborales y sectores sociales, pero el sector empresarial insiste en que debe aplicarse con flexibilidad, considerando los distintos giros de negocio, la estacionalidad turística y la informalidad laboral que aún persiste en muchos sectores.

El Congreso de la Unión todavía no ha definido la fecha para votar la reforma, aunque se prevé que el tema retome fuerza en la agenda legislativa del segundo semestre de 2025.

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