Las resoluciones incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones y sanciones económicas millonarias; entre los casos hay desvíos de recursos, falsificación de documentos y conductas de índole sexual
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre una serie de sanciones contra personas servidoras públicas de distintas dependencias federales, luego de acreditar faltas administrativas graves y no graves relacionadas con irregularidades en el manejo de recursos, abuso de funciones, falsificación de documentos, incumplimiento de obligaciones y conductas indebidas en el ejercicio del servicio público.
De acuerdo con el comunicado, las investigaciones fueron realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control de diversas instituciones. En los casos de faltas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó las sanciones correspondientes, mientras que las conductas no graves fueron resueltas por la propia Secretaría y los órganos competentes.
Entre las sanciones más relevantes destacan inhabilitaciones por 10 años y multas millonarias a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y el Banco del Bienestar.
Exhiben irregularidades de trabajadores
En la CFE, por ejemplo, un trabajador de la División de Distribución Centro Sur, en Morelos, fue inhabilitado por 10 años y sancionado económicamente con 119 millones de pesos, luego de omitir la defensa legal de la institución en cuatro juicios laborales durante 2019 y 2020, lo que derivó en condenas de pago contra la empresa.
También fueron sancionados trabajadores de la Comisión en Mérida, Yucatán, por irregularidades en el registro de faltas injustificadas y el pago de horas extra y alimentos sin contar con las facultades correspondientes.
En Pemex, dos trabajadores fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanciones económicas por 854 mil y 362 mil pesos, respectivamente, por continuar cobrando prestaciones de gasolina después de vender los vehículos registrados para recibir ese beneficio.
Otro trabajador de la empresa petrolera recibió la misma inhabilitación y una sanción de 286 mil pesos por cobrar su salario y prestaciones durante seis meses sin presentarse a laborar, pese a haber sido reinstalado en su puesto. Además, otro empleado fue inhabilitado por tres años por realizar comentarios de carácter sexual a una compañera.
Entre los casos relacionados con instituciones de seguridad social, una trabajadora del IMSS fue inhabilitada por 10 años y sancionada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes para incrementar indebidamente sus periodos de cotización.
En el ISSSTE, nueve personas servidoras públicas recibieron una inhabilitación de 10 años y una sanción económica compartida por 18 millones de pesos, luego de tramitar y pagar facturas a dos empresas sin autorización de la Comisión de Abasto del SUPERISSSTE.
El Banco del Bienestar también registró sanciones por irregularidades en los cortes de caja. Trabajadores de sucursales en Ciudad de México, Nuevo León y Oaxaca fueron inhabilitados hasta por 10 años y recibieron multas económicas por reportar deliberadamente saldos que no correspondían al dinero disponible.
Otros casos involucraron a la Secretaría de Educación Pública, donde un trabajador de un plantel de bachillerato tecnológico en el Estado de México fue inhabilitado por 10 años por realizar comentarios y tocamientos de índole sexual a un menor de edad.
En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se determinó la destitución e inhabilitación por seis meses de una particular que presentó una licencia presuntamente falsa para acreditar experiencia y ocupar un puesto como inspectora verificadora aeronáutica.
Asimismo, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se sancionó a un exfuncionario de Tamaulipas y a una empresa por simular un convenio con una persona fallecida para transferir a la compañía un apoyo del programa de riego tecnificado. La resolución incluyó una inhabilitación de 10 años para el servidor público, de uno para la empresa y una sanción económica solidaria de 330 mil pesos.
Otros procedimientos derivaron en sanciones contra personal de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, por abuso de funciones y utilización de instalaciones públicas para fines personales, respectivamente.
Sanciones por faltas no graves
Por separado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre sanciones por faltas administrativas no graves en otras 16 instituciones públicas, entre ellas Pemex, CFE, Secretaría de Salud, Guardia Nacional, IMSS, Conagua, SAT y Banco del Bienestar.
En este apartado destaca la destitución de 17 integrantes de la Guardia Nacional, quienes entregaron certificados de estudios presuntamente inválidos para cumplir con requisitos relacionados con la licencia de portación de armas de fuego y, en uno de los casos, la permanencia laboral.
También fue inhabilitado por un año un trabajador del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), luego de solicitar 12 mil pesos a un particular a cambio de conseguirle empleo en la institución, de los cuales se acreditó que recibió 2 mil pesos.
En Financiera para el Bienestar, tres trabajadores fueron suspendidos por periodos de entre 10 y 25 días, luego de detectarse faltantes de dinero en sus cajas por 317 mil, 58 mil y 17 mil pesos, respectivamente. La dependencia informó que los recursos fueron devueltos.
Las sanciones también incluyeron suspensiones y amonestaciones por agresiones físicas, malos tratos a usuarios, irregularidades en expedientes médicos, incumplimiento de obligaciones laborales y errores en la administración de recursos públicos.
La dependencia federal precisó que las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas. Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las determinaciones.
Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía el portal denuncias.gob.mx para reportar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad en el servicio público.
