El Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel exigió a las autoridades municipales un estudio sobre los impactos que tendrá el aumento de impuestos en la isla de las golondrinas
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel manifestó su rechazo a los incrementos de impuestos y derechos municipales contemplados en la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del municipio, al considerar que podrían afectar la competitividad de la isla, desalentar inversiones y generar mayores costos para las familias y los sectores productivos.
A través de un comunicado, el organismo empresarial reconoció la necesidad de fortalecer las finanzas municipales y mejorar los servicios e infraestructura; sin embargo, sostuvo que cualquier modificación fiscal debe estar respaldada por estudios técnicos, criterios de proporcionalidad y equidad, así como por una evaluación de sus consecuencias económicas y sociales.
Alertan sobre el impuesto a la adquisición de inmuebles en Cozumel
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el aumento del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), cuya tasa pasaría del 3 al 4%, lo que representa un incremento relativo del 33.3%.
El CCE ejemplificó que, en una operación inmobiliaria con una base gravable de 10 millones de pesos, el comprador tendría que desembolsar 100 mil pesos adicionales por este concepto.
Advirtió que el ajuste no solo encarecería las transacciones, sino que también podría dificultar el acceso a la vivienda y reducir el atractivo de Cozumel para nuevos proyectos inmobiliarios, hoteleros y comerciales.
Empresarios rechazan aumento en Protección Civil, permisos ambientales, comercio, entre otros
El organismo también cuestionó los aumentos previstos en el impuesto predial y Protección Civil, remoción vegetal, permisos ambientales, uso de espacios deportivos públicos, comercio en la vía pública y servicios del cementerio, entre otros conceptos.
En su posicionamiento, el sector empresarial subrayó que la condición insular de Cozumel implica costos adicionales de transporte, logística, abastecimiento, construcción y operación, factores que, afirmó, deben tomarse en cuenta al diseñar cualquier política tributaria.
También planteó la necesidad de revisar la legalidad y proporcionalidad de las contribuciones, con fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, y verificar que las licencias y autorizaciones ambientales municipales no generen duplicidades injustificadas con trámites estatales o federales.
El CCE pidió al presidente municipal, a la sindicatura y a los integrantes del Cabildo hacer públicos los estudios técnicos que sustentan los nuevos cobros, las proyecciones de recaudación y las evaluaciones sobre sus posibles efectos en la economía local.
Asimismo, advirtió que las decisiones fiscales de la actual administración, cuyo periodo constitucional concluye en 2027, tendrán consecuencias que podrían extenderse durante años en materia de inversión, generación de empleo, vivienda y competitividad.