El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló un plan de reorganización y vigilancia que incluye auditorías, revisión de contratos y mecanismos para investigar posibles irregularidades administrativas.
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).— El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 19 medidas para atender la crisis interna registrada durante la gestión de Guadalupe Taddei, con el objetivo de revisar posibles irregularidades administrativas, fortalecer la transparencia y determinar si existen responsabilidades entre los funcionarios involucrados.
Entre las principales acciones se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización de los procesos de adquisición, arrendamiento y contratación de servicios realizados durante los últimos diez años, además de auditorías externas a contratos vigentes.
El plan también contempla revisar los acuerdos con proveedores y rescindir aquellos contratos en los que se acrediten irregularidades, conforme a los procedimientos legales. Para ello, se estableció la elaboración de un inventario de contrataciones, empresas participantes y recursos involucrados.
Otra de las medidas establece la preservación inmediata de documentos relacionados con las investigaciones y la habilitación de un mecanismo informático confidencial para recibir denuncias, información y pruebas sobre posibles anomalías, con protección para quienes colaboren.
Asimismo, se incorporará la participación de testigos sociales en procedimientos de contratación pendientes durante el presente ejercicio fiscal y se fortalecerá la colaboración con las autoridades fiscalizadoras para facilitar las revisiones.
Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo señaló que los cambios que otorgaron mayores facultades a la presidencia del INE para designar funcionarios de mando redujeron los mecanismos de vigilancia sobre la administración del organismo.
Los consejeros coincidieron en que la salida de Guadalupe Taddei no resuelve por sí sola los problemas señalados y que será necesario esclarecer las posibles irregularidades, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se comprueben conductas ilegales.