Las grabaciones de José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, muestran conversaciones sobre el control de plazas y el acceso a funcionarios del INE; el proveedor también afirma que dos hijos de la exconsejera presidenta recibieron beneficios relacionados con sus negocios
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– Tres nuevos videos exponen conversaciones entre José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf, y funcionarios vinculados con el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos su entonces presidenta, Guadalupe Taddei.
Las grabaciones contienen referencias a contratos, la colocación de personas de confianza en puestos del organismo y presuntos beneficios económicos para los hijos de la exconsejera presidenta.
El material fue presentado este miércoles durante el programa del periodista Carlos Loret de Mola. En las imágenes, Hernández Casillas habla sobre su relación con funcionarios electorales y reclama que algunos de ellos dejaron de atender sus solicitudes, de acuerdo con la información difundida por el medio.
Uno de los videos involucra a Mario Burciaga, quien hasta el martes se desempeñó como director de Recursos Materiales y Servicios del INE. En la grabación, el proveedor menciona al funcionario al quejarse de que ya no le “hacen caso”.
La aparición de Burciaga en este nuevo material ocurre después de que se difundiera otro video en el que participa en una celebración entre proveedores y funcionarios electorales relacionada con la entrega de un contrato millonario para la credencial para votar.
Conversación sobre plazas y funcionarios del INE
En una segunda grabación, Hernández Casillas conversa con Guadalupe Taddei sobre las plazas que, según el proveedor, distintos funcionarios habrían utilizado para incorporar a personas de su confianza dentro del instituto.
Durante la charla, el empresario menciona a la propia Taddei; a José Alberto Pérez de Acha, quien estuvo al frente de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; a Iliana Hernández, quien ocupó cargos en áreas de Igualdad de Género y Capacitación Electoral; y a Jesús Octavio García González, exadministrador del organismo. También hace referencia a Sergio Uzeta, vinculado con el área de Comunicación Social.
En un fragmento, Hernández Casillas cuestiona a Taddei sobre la incorporación de personal por parte de los funcionarios y menciona a García González, quien anteriormente había sido apoderado de la empresa Cajas Graf.
“¿Cuál es mi gente, o los que cada uno ha traído, porque ahí sí no sé. Octavio ha metido no sé cuánta gente de Veracruz?”, expresa el proveedor durante la conversación.
Los señalamientos apuntan a posibles vínculos entre el empresario y personas que ocuparon posiciones estratégicas dentro del organismo electoral. Sin embargo, el contenido de las grabaciones, por sí solo, no acredita la existencia de responsabilidades administrativas o penales.
Proveedor afirma que los hijos de Taddei recibieron beneficios
El tercer video contiene señalamientos de Hernández Casillas sobre los hijos de Guadalupe Taddei, a quienes atribuye beneficios relacionados con los negocios realizados con recursos del instituto electoral.
“Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos. Uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey porque hubieron facturas de seis millones de pesos”, afirma el empresario en la grabación.
La declaración plantea interrogantes sobre la posible relación entre los contratos obtenidos por empresas vinculadas con Hernández Casillas y los beneficios que, según él, habrían recibido los familiares de la exconsejera presidenta.
No obstante, las afirmaciones del proveedor no constituyen por sí mismas una comprobación de que las viviendas, los viajes o los gastos de los hijos de Taddei hayan sido pagados con recursos públicos. Para establecerlo sería necesario conocer la documentación financiera y contractual correspondiente, así como los resultados de las investigaciones que pudieran realizar las autoridades competentes.
El caso amplía los cuestionamientos sobre los contratos electorales
La difusión de estas grabaciones se suma a la controversia por la relación entre Hernández Casillas y funcionarios del INE, así como por la participación de servidores públicos en reuniones organizadas por el empresario.
Las imágenes han puesto bajo escrutinio los vínculos entre proveedores y responsables de áreas relacionadas con la administración, la contratación de servicios y la operación del organismo electoral.
El caso abre cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de los contratos, los posibles conflictos de interés y los controles para impedir que relaciones personales influyan en las decisiones administrativas de una institución responsable de organizar las elecciones en México.
La difusión de los videos no sustituye una investigación oficial ni determina responsabilidades. El esclarecimiento de los señalamientos dependerá de la revisión de los contratos, las facturas, los posibles beneficios económicos y las actuaciones de los funcionarios involucrados.