Un estudio identificó indicadores de contaminación en siete localidades; comunidades mayas exigen investigaciones, sanciones y protección del acuífero
Yucatán (Marcrix Noticias).- La calidad del agua subterránea en Yucatán vuelve a generar preocupación entre comunidades mayas y organizaciones ambientalistas, luego de que Greenpeace México reportara indicadores de contaminación en 17 pozos y cenotes de siete localidades. Ante los resultados, los habitantes y defensores del territorio exigieron a las autoridades investigar las posibles fuentes de los residuos, aplicar las medidas correspondientes y garantizar el acceso al agua limpia.
El monitoreo fue realizado en agosto de 2026 mediante la recolección de muestras en Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz. Los análisis de laboratorio detectaron bacterias asociadas con contaminación fecal, además de concentraciones elevadas de nutrientes, materia orgánica y otros indicadores que evidencian una carga contaminante en distintos puntos. De acuerdo con el informe, 16 de las 17 muestras alcanzaron el límite superior de medición para coliformes totales, mientras que 13 superaron las mil 800 unidades del número más probable por cada 100 mililitros de coliformes fecales.
Entre los hallazgos también destacan la presencia de enterococos fecales en concentraciones que alcanzaron el límite de medición en cuatro muestras, así como niveles de nitratos superiores a la referencia de 50 miligramos por litro establecida por la Organización Mundial de la Salud en dos sitios de Motul y Chocholá. Sin embargo, Greenpeace aclaró que su metodología no permitió establecer con certeza el origen de los contaminantes. Por su parte, la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on señaló que otros estudios realizados en 2024 y 2026 identificaron materia fecal porcina en cinco puntos de la región mediante el método Pig2Bac, con análisis en laboratorios de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La preocupación aumenta debido a las características del suelo de la península de Yucatán, donde el agua para consumo humano depende principalmente de fuentes subterráneas. La roca caliza y la conexión entre cenotes, cuevas y corrientes subterráneas facilitan que los contaminantes se filtren desde la superficie hacia el acuífero. Por ello, Greenpeace y las comunidades consideran necesario reforzar la vigilancia ambiental y las investigaciones sobre las actividades porcícolas, además de exigir la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
A un año de la denuncia popular presentada por la Red To’oné Ja’o’on, la organización afirmó que todavía existen procedimientos administrativos pendientes, así como resultados de inspecciones y posibles sanciones que no se han hecho públicos. Entre los casos señalados se encuentran las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en San Fernando, municipio de Maxcanú; y los complejos Kekén 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados en las inmediaciones de Kinchil y Celestún. La Red también informó que en junio de 2026 se realizaron nuevas inspecciones en instalaciones de GARY y MOBA, cuyos resultados seguían pendientes de difusión al momento de su pronunciamiento.
Otro motivo de inconformidad es el convenio entre los gobiernos federal y estatal para fortalecer la evaluación del impacto ambiental de las unidades de producción porcícola. Según la organización, el acuerdo se concretó sin la participación de las comunidades afectadas y contempla transferir al Gobierno de Yucatán atribuciones relacionadas con la autorización y vigilancia de estas instalaciones. Frente a esta situación, promovió un juicio de amparo y, de acuerdo con la información difundida por la propia Red, obtuvo una suspensión definitiva concedida por la jueza tercera de Distrito en Yucatán. Asimismo, cuestionó que las autoridades sostengan reuniones con representantes empresariales sin incluir a los habitantes que han denunciado afectaciones en sus territorios.
Las denuncias también abarcan el cierre de la granja porcícola Santa María, conocida también como San Gerardo, en Santa María Chí, donde, según la Red, siguen pendientes la evaluación del daño ambiental y las medidas para repararlo. La organización alertó que en septiembre de 2026 se reportó el traslado de miles de cerdos hacia instalaciones en las zonas de Tebacal y San Antonio Tzacalá, a unos 15 kilómetros de Molas, presuntamente vinculadas con la misma empresa. El movimiento generó inquietud por sus posibles efectos en las comunidades cercanas y en la Reserva Ecológica Cuxtal, considerada estratégica para el abastecimiento de agua de Mérida. Además, las preocupaciones por los impactos de las actividades agroindustriales fueron abordadas durante la visita a México, en marzo de 2026, de Marcos Orellana, entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
Ante este panorama, Greenpeace México y la Red To’oné Ja’o’on solicitaron publicar los resultados de las inspecciones y los procedimientos administrativos iniciados durante 2025 y 2026, aplicar las sanciones correspondientes y cerrar las instalaciones cuando así lo determine la normativa. También pidieron establecer un programa independiente y periódico de monitoreo del agua, investigar la mortandad de peces reportada en una laguna entre Kinchil y Maxcanú, esclarecer el traslado de los animales y garantizar la reparación integral de los daños. Las organizaciones reiteraron la necesidad de proteger el derecho de los pueblos mayas al agua limpia, a un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que afectan sus territorios, además de plantear una moratoria a nuevas instalaciones y ampliaciones de la producción ganadera industrial en la península.
