Ricardo “N”, de 51 años, fue arrestado en Rancho Viejo; un juez calificó de legal la detención y le impuso prisión preventiva justificada.
Tulum (Marcrix Noticias)-Un taxista de 51 años, identificado como Ricardo “N”, fue detenido en la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Tulum, por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar.
De acuerdo con la información presentada durante la conferencia semanal de seguridad, el arresto fue resultado de un operativo coordinado entre agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones de seguridad municipal, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron cinco armas de fuego: dos largas tipo carabina y tres cortas. También decomisaron cuatro cargadores, 163 cartuchos de distintos calibres y otro cargador para arma calibre 5.56 milímetros, señalado como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Entre los indicios localizados también se encuentran un radio de comunicación y 22 envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana. Además, fue asegurado un vehículo habilitado como taxi, perteneciente a la agrupación sindical Tiburones del Caribe.
Lo investigan por presunta venta de drogas
Según la Fiscalía, Ricardo “N”, originario de Campeche, presuntamente estaría relacionado con la venta de narcóticos y trasladaría las armas en el vehículo sin contar con la documentación correspondiente para acreditar su legal portación y transporte.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados para la integración de la carpeta de investigación.
Posteriormente, un juez de control calificó de legal la detención e impuso al señalado la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento judicial.
Las investigaciones seguirán para determinar su situación jurídica. Hasta que exista una sentencia condenatoria, se mantiene la presunción de inocencia.