Expertos de la ONU advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los migrantes enviados a terceros países.
Ginebra, Suiza (Marcrix Noticias).— Expertos independientes de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos detener las deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo hacia terceros países cuando no existan garantías suficientes de que estarán protegidos frente a graves violaciones de derechos humanos.
La advertencia se produce ante la política estadounidense de trasladar a determinadas personas hacia países distintos de su nación de origen, una práctica que ha generado cuestionamientos sobre las garantías disponibles para los afectados y la posibilidad de impugnar su deportación.
Los expertos han expresado preocupación por el riesgo de que estos procedimientos vulneren el principio de no devolución, conocido como non-refoulement, que prohíbe trasladar a una persona a un territorio donde exista un riesgo real de tortura, persecución, desaparición forzada, privación arbitraria de la vida u otros daños graves.
También han señalado la necesidad de realizar evaluaciones individualizadas antes de ejecutar las expulsiones y garantizar que las personas tengan acceso efectivo a representación legal, revisión judicial y mecanismos para presentar argumentos contra su traslado.
Las comunicaciones de procedimientos especiales de la ONU han documentado preocupaciones relacionadas con deportaciones efectuadas desde Estados Unidos hacia El Salvador y con posibles traslados de solicitantes de asilo hacia sus países de origen o terceros países.
Entre los casos examinados se encuentran deportaciones de ciudadanos venezolanos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, así como situaciones de personas con solicitudes de asilo pendientes que, según los expertos, podrían enfrentar riesgos graves en caso de ser trasladadas.
Los expertos reconocen que los Estados tienen facultades para aplicar sus leyes migratorias y ejecutar deportaciones, pero sostienen que estas medidas deben realizarse respetando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluido el debido proceso.
El pronunciamiento añade presión internacional sobre la política migratoria estadounidense, particularmente sobre los acuerdos y mecanismos utilizados para enviar migrantes a países con los que no necesariamente mantienen vínculos de nacionalidad o residencia.