La reforma fue avalada en lo general y aplicaría a Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno desde 2028.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).— La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma constitucional que establece nuevas restricciones de doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, alcanzando la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Tras la votación en lo general, el Pleno continuó con el análisis de las reservas y modificaciones en lo particular.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Establece que quienes aspiren a alguno de esos cargos no deberán tener ni adquirir una nacionalidad distinta a la mexicana.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona podrá competir siempre que renuncie a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato ante la autoridad electoral correspondiente.
La restricción no se extendería a todos los cargos de elección popular. El dictamen no modifica los requisitos para competir por diputaciones federales o locales, senadurías, presidencias municipales o regidurías.
Además, la nueva disposición comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no afectaría las candidaturas a gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027. Tampoco tendría efectos sobre quienes actualmente ocupan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.
Durante el debate, legisladores de Morena defendieron la reforma bajo el argumento de garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico exclusivo con México. Diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la propuesta al considerar que restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.
Al tratarse de una reforma constitucional, la aprobación en la Cámara de Diputados no concluye el proceso legislativo: una vez resuelta la discusión correspondiente en San Lázaro, deberá pasar al Senado y, en caso de obtener ahí la mayoría calificada requerida, posteriormente necesitará el aval de la mayoría de las legislaturas estatales para entrar en vigor.