El proceso para llevar a Rumania a “El Tiburón” permanece detenido, mientras en México continúan las investigaciones sobre la estructura financiera que operaba en la Riviera Maya.

Cancún (Marcrix Noticias)-La extradición a Rumania de Florian Tudor, “El Tiburón”, señalado como líder de una organización dedicada presuntamente a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos mexicanos, permanece atorada, de acuerdo con información publicada por Reforma.

Tudor fue detenido en México en mayo de 2021, después de que autoridades rumanas solicitaran su captura con fines de extradición. Desde entonces, el proceso judicial para enviarlo a su país de origen no ha concluido, mientras el empresario de origen rumano permanece sujeto a procesos legales en México.

El caso cobró relevancia en Quintana Roo debido a las investigaciones sobre una presunta red dedicada a la instalación y operación de dispositivos utilizados para clonar tarjetas de turistas, principalmente en cajeros automáticos de Cancún y otros destinos turísticos.

Las autoridades mexicanas desplegaron en 2021 la denominada Operación Caribe, mediante la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de personas y empresas presuntamente relacionadas con la estructura de Tudor.

Entre los nombres que aparecen en las investigaciones se encuentra Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por documentos financieros citados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como presunto operador financiero de la organización.

El vínculo que alcanzó a Aduanas

El caso de Tudor volvió a cobrar relevancia en los últimos días debido a las revelaciones de MCCI sobre la presencia de Arcos Romero dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo.

De acuerdo con la investigación periodística, Arcos Romero habría ocupado funciones cercanas al entonces titular de la ANAM, pese a que previamente existían investigaciones financieras y cuentas bloqueadas relacionadas con los señalamientos en su contra.

MCCI también documentó que actualmente aparece cercano a Marín Mollinedo en actividades relacionadas con su búsqueda de la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

El señalamiento resulta relevante porque Marín Mollinedo actualmente busca posicionarse para competir por la gubernatura de Quintana Roo en 2027, mientras que los antecedentes de su paso por Aduanas vuelven a ser cuestionados a raíz de la presencia de Arcos Romero en su entorno.

También involucran a una exfuncionaria de Aduanas

Las revelaciones se ampliaron después de que MCCI documentara que Araceli Hernández Perea, exdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, estableció en Texas sociedades empresariales con Arcos Romero después de abandonar su cargo público.

Hernández Perea participó durante su gestión en procesos de contratación de la ANAM relacionados con equipos de inspección aduanera por montos millonarios.

El caso ha provocado solicitudes de legisladores de oposición para que se investigue el patrimonio de la exfuncionaria y, en caso de acreditarse responsabilidades, se determine si corresponde imponerle una sanción o inhabilitación.

Un expediente que sigue abierto

La extradición pendiente de Tudor mantiene abierto uno de los capítulos más polémicos de las investigaciones sobre la llamada mafia rumana en México.

Aunque Tudor ha negado los señalamientos y las acusaciones deben ser acreditadas ante las autoridades judiciales, el caso ha generado durante años investigaciones financieras y penales tanto en México como en Rumania.

El proceso también ha dejado una estela de interrogantes sobre las personas y empresas que presuntamente integraban su estructura financiera y sobre cómo algunos de sus supuestos operadores pudieron mantener actividades empresariales e incluso acceder a espacios dentro de instituciones públicas.

Ahora, mientras la extradición de Tudor permanece detenida, las nuevas revelaciones sobre Arcos Romero y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios de Aduanas vuelven a colocar el expediente de la llamada mafia rumana en el centro del debate público, particularmente en Quintana Roo. (Con información de Reforma y MCCI)

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