El Gobierno de Donald Trump pretende contratar a una empresa privada para localizar deudores fuera de Estados Unidos; también rastreará personas en Guatemala y Honduras
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- Haber sido deportado o abandonar Estados Unidos no necesariamente pondrá fin a las cuentas pendientes con las autoridades migratorias. El Gobierno de Donald Trump busca contratar a una empresa privada que pueda localizar en México a migrantes con multas sin pagar, notificarlos de sus adeudos y gestionar el cobro desde territorio mexicano.
El plan también contempla operaciones en Guatemala y Honduras y forma parte de una estrategia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para recuperar cientos de millones de dólares correspondientes a sanciones migratorias.
De acuerdo con una convocatoria federal de contratación, la compañía deberá estar registrada en Estados Unidos, pero tener capacidad para realizar servicios de localización de deudores, como mínimo, en los tres países.
Una vez encontrada la persona, tendrá que informarle cuánto debe y ofrecer mecanismos para resolver la deuda, ya sea mediante el pago completo, un acuerdo para cubrirla a plazos u otra modalidad autorizada.
Incluso un tercero podrá realizar el pago en nombre del migrante.
Fotografías, recibos y registros para comprobar su identidad
El trabajo de la empresa no terminará con encontrar una dirección.
El contratista deberá demostrar a las autoridades estadounidenses que efectivamente localizó a la persona buscada.
Para acreditar su identidad podrá recopilar evidencias como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales, según los requerimientos incluidos en la convocatoria.
En caso de que el migrante haya fallecido, deberá conseguirse un certificado de defunción.
La medida supone un cambio respecto al sistema utilizado hasta ahora, pues las compañías privadas contratadas para recuperar estas deudas trabajan desde Estados Unidos y recurren principalmente a cartas y llamadas cuando el deudor se encuentra en otro país.
Según CBP, hasta julio ninguna de esas empresas había conseguido localizar efectivamente a un deudor en el extranjero.
Más de 66 mil deportados tendrían multas pendientes
La dimensión económica explica el interés del Gobierno estadounidense por ampliar la cobranza fuera de sus fronteras.
CBP calcula que aproximadamente 66 mil 387 migrantes que fueron deportados o abandonaron voluntariamente Estados Unidos mantienen multas civiles pendientes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaba en julio que el monto acumulado de sanciones migratorias sin pagar alcanzaba alrededor de 423 millones de dólares.
El Gobierno de Trump reactivó en 2025 el cobro de multas civiles derivadas de diferentes violaciones a la legislación migratoria.
Entre ellas se encuentra el incumplimiento de órdenes de expulsión.
La sanción por permanecer en Estados Unidos después de una orden de este tipo fue establecida originalmente en 500 dólares diarios por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 y, tras los ajustes correspondientes, actualmente puede alcanzar 998 dólares por día, de acuerdo con la información difundida sobre el programa.
La cobranza migratoria cruzaría la frontera
Estados Unidos ya utiliza empresas privadas para recuperar multas y otros cargos relacionados con procedimientos de ICE y la Patrulla Fronteriza.
La diferencia es que ahora CBP busca que la localización de los deudores pueda realizarse directamente en los países donde viven después de abandonar Estados Unidos.
México, Guatemala y Honduras aparecen expresamente entre los territorios donde deberá tener capacidad de operación la empresa seleccionada.
La contratación permitiría así que las consecuencias económicas de determinados procedimientos migratorios estadounidenses sigan a los deudores incluso después de haber regresado a sus países de origen.