Trump firmó un decreto que obliga a empresas como OpenAI y Google a compartir sus modelos de IA con el gobierno federal antes de publicarlos.
Internacional (Marcrix Noticias) – La orden ejecutiva de Trump sobre inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la política tecnológica de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó este martes el decreto, que establece un marco voluntario para revisar modelos avanzados de IA antes de que lleguen al público.
Un paso hacia la supervisión federal de la IA
Bajo este esquema, compañías como OpenAI, Google y Anthropic tendrán que darle al gobierno acceso a sus sistemas más potentes. El periodo de revisión será de hasta 30 días antes del lanzamiento previsto. La orden prohíbe explícitamente crear un requisito de licencia obligatoria o de autorización previa para los nuevos modelos, lo que convierte la solicitud en una petición, no en una norma.
La decisión representa un giro para una administración que hasta ahora había impulsado un enfoque de baja intervención sobre esta tecnología.
El contexto detrás de la orden ejecutiva de Trump sobre inteligencia artificial
La ventana de 30 días representa un compromiso: el borrador original contemplaba hasta 90 días de acceso previo del gobierno, mientras que las empresas tecnológicas habían presionado para reducir ese plazo a 14 días.
La orden llegó luego de la preocupación en torno al modelo Mythos de Anthropic, que la compañía se negó a lanzar al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales.
Según Politico y otros medios, David Sacks, el zar de IA y criptomonedas de Trump, llamó al presidente para advertirle que la medida frenaría la innovación y perjudicaría a Estados Unidos en su carrera con China.
Ciberseguridad y delitos digitales en el decreto
El decreto fijó plazos y tareas para reforzar la ciberdefensa de sistemas gubernamentales y para crear un centro de intercambio de información sobre vulnerabilidades. Esta instancia operará con apoyo del Departamento del Tesoro, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional.
También ordenó priorizar la persecución penal de delitos informáticos cometidos con apoyo de IA, para anticipar riesgos antes de que herramientas más potentes se masifiquen.
Voces críticas ante la nueva regulación
No todos recibieron el decreto con entusiasmo. Un analista señaló que le preocupaba la vaguedad de cómo el gobierno decidirá qué modelos califican para el escrutinio y qué “socios de confianza” obtendrán acceso temprano. “Esto podría abrir la puerta a una posible manipulación política contra empresas que tengan algún tipo de conflicto con la administración”, advirtió en una declaración escrita.
La orden también encomienda la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad basado en IA, en colaboración con socios del sector privado, con el fin de centralizar el conocimiento sobre vulnerabilidades de software.
El decreto deja abierta la puerta a futuras revisiones del mecanismo. Por ahora, la participación de las empresas tecnológicas sigue siendo voluntaria. Sin embargo, la señal política es clara: Washington quiere estar al tanto de los avances más sensibles de la IA antes de que lleguen al mercado.