El DOJ instruyó a 93 fiscales federales triplicar acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados a cárteles.
Internacional (Marcrix Noticias) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a fiscales federales intensificar las acusaciones por terrorismo contra funcionarios mexicanos acusados de colaborar con el narcotráfico. La directiva, revelada por The New York Times, representa un giro significativo en la política exterior de la administración Trump frente a México.
Una orden interna que sacudió a 93 fiscalías
La instrucción fue emitida el miércoles 13 de mayo por Aakash Singh, subprocurador general adjunto del Departamento de Justicia. Lo hizo en una teleconferencia interna con los 93 fiscales federales distribuidos en todo el territorio estadounidense. La directiva no había sido anunciada públicamente antes de la publicación del diario neoyorquino.
Singh fue claro en el mensaje que transmitió a sus colegas durante esa llamada. Según una fuente citada por el periódico, el funcionario afirmó que las fiscalías deben triplicar el número de acusaciones contra autoridades mexicanas corruptas. Esas autoridades, según la directiva, encubren a narcotraficantes designados como terroristas y permiten el tráfico de drogas en el continente.
Cargos que van más allá del narcotráfico
La nueva estrategia no se limita a delitos de tráfico de estupefacientes o corrupción. Singh instó a los fiscales a aplicar también cargos por apoyo material a organizaciones terroristas. Esa figura legal amplía considerablemente las posibles penas para quienes resulten acusados.
Este enfoque surge de la designación que el presidente Donald Trump firmó desde febrero de 2025. En esa orden ejecutiva, seis cárteles mexicanos fueron clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Entre ellos figura el Cártel de Sinaloa. Desde entonces, las acusaciones por terrorismo han sido una herramienta que las fiscalías han comenzado a incorporar progresivamente en sus casos.
Rocha Moya y otros nueve funcionarios
La nueva directiva llega dos semanas después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios. Los cargos incluyen narcotráfico y portación de armas, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esa acusación no incluyó cargos por terrorismo.
El director de la DEA, Terrance Cole, advirtió días después en el Senado estadounidense que ese caso no es un hecho aislado. Señaló que existe una colusión histórica entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos de alto nivel. Además, indicó que ahora esa realidad está recibiendo la atención que merece.
México rechaza las acusaciones y defiende su soberanía
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las acusaciones formuladas contra autoridades mexicanas. Ha argumentado que carecen de pruebas suficientes y que representan una afectación a la soberanía nacional. No obstante, este viernes sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump para abordar temas de seguridad y comercio bilateral. Sheinbaum describió la conversación como cordial.
Una escalada que tensará aún más la relación bilateral
El Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la extensión de los cargos por terrorismo contra funcionarios mexicanos. Sin embargo, los analistas coinciden en que la directiva marca una escalada en la presión de Washington sobre el gobierno de México. La medida se enmarca en una política más amplia que incluye operaciones militares antinarcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico, donde embarcaciones sospechosas han sido interceptadas en los últimos meses.
La nueva estrategia de aplicar leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos acusados de vínculos con el crimen organizado pone sobre la mesa un dilema diplomático sin precedentes entre los dos países vecinos.