La fiscal señaló que no puede ordenar detenciones ni extradiciones sin investigar previamente la validez de las pruebas.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que no puede ordenar la detención de Rubén Rocha Moya ni de las otras personas señaladas por Estados Unidos sin antes verificar la existencia de pruebas suficientes, lo que despertó señalamientos del despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) por obstaculizar la justicia.
Durante su posicionamiento, la titular de la Fiscalía explicó que no es posible proceder con detenciones ni procesos de extradición hasta que se realice una investigación que confirme la solidez de los elementos presentados, incluso cuando estos provengan de autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con lo expuesto, las detenciones con fines de extradición requieren un proceso formal en el que la autoridad solicitante debe presentar la petición correspondiente. Solo en ese momento se analizan las pruebas para determinar si procede o no la entrega del acusado.
En este contexto, la funcionara señaló que no es posible ejecutar acciones inmediatas sin que exista una solicitud formal que incluya los elementos jurídicos necesarios.
Debate sobre aplicación de acuerdos internacionales
El planteamiento de LBR, retomado por la revista Proceso, generó cuestionamientos en torno a la interpretación de acuerdos internacionales, como el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, según el “una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sólo la existencia de una acusación y un compromiso para proporcionar documentación dentro de los 60 días”.
También se han emitido críticas que señalan que la postura de la fiscal podría interpretarse como una protección a actores políticos, lo que ha intensificado el debate público.
La discusión se da en medio de señalamientos derivados de documentos provenientes de Estados Unidos, cuya validez deberá ser revisada por la Fiscalía como parte del proceso.
Mientras tanto, autoridades federales y la presidenta Claudia Sheinbaum han reiterado que cualquier procedimiento deberá apegarse a lo establecido en la ley y a los mecanismos formales de cooperación internacional antes de tomar una decisión sobre posibles extradiciones.