De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los hijos de “El Chapo” inclinaron la balanza electoral a cambio de favores.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala un presunto vínculo entre este y la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, la cual favoreció su triunfo electoral en el proceso del 2021.
De acuerdo con el documento, Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de esta facción del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Iván y Ovidio Guzmán Loera, durante el periodo en que se encontraba en campaña por la gubernatura.
Según la acusación, en dichos encuentros se habría planteado un acuerdo en el que integrantes de “Los Chapitos” garantizarían el triunfo electoral de Rocha Moya. A cambio, se señala que el entonces candidato se habría comprometido a favorecer los intereses del grupo desde el gobierno estatal.
El documento indica que previo a la jornada electoral se registraron acciones de intimidación dirigidas a opositores, así como presiones a votantes en distintos puntos de Sinaloa.
Señalamientos sobre una posible intervención en la jornada electoral
Las autoridades estadounidenses también refieren que el día de la elección se reportaron robos de urnas y presencia de personas armadas en centros de votación, con el objetivo de influir en el sentido del voto.
Además, se menciona que corporaciones de seguridad estatales habrían recibido reportes de estos hechos sin intervenir, conforme a instrucciones señaladas en la acusación.
El documento añade que, tras resultar electo, Rocha Moya habría participado en nuevas reuniones con integrantes de la organización criminal, en las que se discutió el respaldo brindado durante la campaña.
De acuerdo con la acusación, en estos encuentros se habrían establecido condiciones para permitir operaciones delictivas sin interferencia, incluyendo presunto control sobre instituciones de seguridad.
Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de una investigación presentada por autoridades de Estados Unidos, en la que también se involucra a otros funcionarios del estado de Sinaloa.