La falta de reglamentación en la ley cultural ya impacta al sector turístico y eleva la preocupación empresarial por posibles conflictos legales.
Playa del Carmen. ( Marcrix Noticias).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera, advirtió sobre la creciente preocupación del sector empresarial ante la falta de reglamentación de la ley que protege el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, situación que ya comienza a impactar directamente en la industria turística, al poner como ejemplo la suspensión de la Travesía Maya de Xcaret.
Señaló que, aunque la legislación publicada en 2022 tiene un propósito legítimo al buscar retribuir a las comunidades originarias por el uso de su patrimonio, la ausencia de reglas claras abre la puerta a interpretaciones ambiguas y a reclamaciones legales sin sustento definido. Esta incertidumbre, explicó, complica la operación de empresas que promueven la cultura mexicana como parte de su oferta turística.
Olvera explicó que el tema fue analizado recientemente en una mesa de trabajo con empresarios, donde coincidieron en la urgencia de establecer lineamientos claros en coordinación con la Secretaría de Cultura y representantes de pueblos indígenas. El objetivo, indicó, es definir quiénes pueden ostentarse como titulares de derechos, qué elementos pueden utilizarse y bajo qué condiciones.
El dirigente empresarial subrayó que esta problemática ya genera consecuencias tangibles, como la suspensión de eventos culturales emblemáticos en el Caribe Mexicano, lo que representa un impacto no solo económico, sino también en la promoción turística de la región. Advirtió que, de continuar esta situación, podría limitarse la difusión de elementos clave como la cultura maya, la gastronomía y las tradiciones.
Asimismo, destacó la complejidad de delimitar el patrimonio cultural en un país tan diverso como México, donde incluso productos tradicionales como el mole o diversas expresiones artesanales carecen de una figura clara de propiedad colectiva. Esto, dijo, genera vacíos legales que pueden ser aprovechados de manera indebida.
Finalmente, Olvera insistió en la necesidad de avanzar hacia una regulación equilibrada que proteja el patrimonio cultural sin frenar el desarrollo económico y turístico. Reiteró que el sector empresarial está dispuesto a colaborar en la construcción de un marco normativo que brinde certeza jurídica y permita seguir promoviendo la riqueza cultural del país a nivel internacional.