El sistema de Alerta Inmobiliaria en Quintana Roo frena seis casos de despojo y protege el patrimonio de los ciudadanos.
La implementación de la Alerta Inmobiliaria en Quintana Roo ha comenzado a ofrecer resultados concretos. En apenas unos meses de operación, este mecanismo digital logró identificar los primeros seis intentos de fraude inmobiliario. Estas acciones preventivas permitieron a las autoridades intervenir de forma oportuna para evitar la pérdida de propiedades. Los casos ya fueron canalizados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.
Efectividad del monitoreo preventivo
Mariann González Pliego Castillo, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, confirmó estos avances. Actualmente, el sistema cuenta con 70 alertas activadas por dueños de inmuebles. La herramienta funciona como un monitor constante sobre el folio real de cada propiedad inscrita.
El proceso es automatizado y directo hacia el propietario interesado. Cuando alguien solicita un trámite sobre el inmueble, el sistema envía un correo electrónico inmediato. Esto ocurre al gestionar certificados de libertad de gravamen o avisos preventivos de compraventa.
Acciones legales contra el fraude inmobiliario
La detección temprana es fundamental para la seguridad jurídica en la entidad. Si un dueño recibe un aviso de un trámite no autorizado, puede actuar de inmediato. Esta rapidez permite acudir a las autoridades para interponer la denuncia formal.
«Si usted alertó su casa y alguien solicita un trámite que usted no autorizó, tiene la oportunidad de acercarse de inmediato a las autoridades», explicó González Pliego. El objetivo principal es resguardar el folio real del inmueble para evitar su transferencia ilegal. En los incidentes registrados, la Fiscalía mantiene los folios bajo resguardo mientras se integran las carpetas de investigación.
Costos y requisitos de la protección patrimonial
El acceso a esta herramienta tecnológica requiere un pago anual de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La funcionaria destacó que este costo es mínimo frente al valor total de una vivienda. Proteger una propiedad mediante este sistema reduce drásticamente el riesgo de un fraude inmobiliario.
La Alerta Inmobiliaria se consolida como una pieza clave para la certeza jurídica ciudadana. Permite reaccionar ante operaciones irregulares o la posible falsificación de documentos oficiales. Esta vigilancia digital es vital en transacciones entre particulares donde existen vacíos informativos.
Vigilancia en desarrollos irregulares
Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) mantiene una vigilancia estricta. En los últimos siete años, se han detectado 119 desarrollos inmobiliarios irregulares en siete municipios. José Alberto Alonso Ovando, titular de Sedetus, advirtió sobre los peligros de comprar predios sin permisos.
Adquirir lotes en zonas sin certeza jurídica aumenta las probabilidades de sufrir un fraude inmobiliario. La dependencia invita a la ciudadanía a consultar el Registro Estatal de Desarrollos Irregulares antes de cualquier pago. Este registro es público y detalla el estatus legal de cada proyecto habitacional en el estado.