Veracruz y Chiapas lideran irregularidades financieras en 2024 según ASF
La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto desfalco de mil 586 millones de pesos en los gobiernos de Veracruz y Chiapas, concentrando más de la mitad de las inconsistencias halladas en 23 estados durante 2024
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- Los gobiernos de Veracruz y Chiapas concentran la mayor parte de irregularidades detectadas en los estados por la ASF durante 2024, con un total de mil 586 millones de pesos de presunto desfalco, equivalentes al 51 por ciento de las inconsistencias halladas en 23 entidades.
En la segunda entrega de informes de la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF dio a conocer que el monto total de probable daño patrimonial en los 23 estados asciende a tres mil 123 millones de pesos, debido al mal uso de recursos públicos. Veracruz y Chiapas representan casi la mitad de este total.
Veracruz, gobernado hasta diciembre de 2024 por Cuitláhuac García Jiménez, registró un probable daño de mil 114 millones de pesos, correspondiente a recursos destinados a salud, educación inicial, mejoramiento de espacios públicos y programas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. La observación más cuantiosa fue de 730 millones de pesos, relacionada con el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Chiapas, bajo la administración de Rutilio Escandón Cadenas, concentró 471.66 millones de pesos en inconsistencias. Los recursos estaban destinados a programas de salud, nómina educativa, mejoramiento de espacios públicos y agua potable, entre otros. La auditoría señaló como principal observación 92.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para obras públicas sin evidencia de ejecución.
Otros estados con irregularidades significativas fueron Durango con 389.9 millones de pesos, Morelos con 226.8 millones, Nuevo León con 182.8 millones y Coahuila con 136.4 millones.
La ASF emitió estos pliegos de observaciones para que los gobiernos estatales aclaren, subsanen o justifiquen el uso de los recursos, a fin de determinar responsabilidades y posibles sanciones. La revisión resalta la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.