Con 76 votos a favor y 39 en contra, la Cámara Alta dio luz verde al dictamen impulsado por Claudia Sheinbaum; la oposición advirtió retrocesos en la defensa de derechos ciudadanos.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– En una sesión marcada por tensiones y fuertes señalamientos, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 76 votos a favor y 39 en contra. Más tarde, en lo particular, fue ratificado con 70 votos a favor y 39 en contra. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
El debate estuvo atravesado por posturas encontradas. Desde la oposición, el senador Luis Donaldo Colosio sostuvo que la reforma “traiciona el espíritu del amparo” al limitar el acceso a la justicia, recordando casos emblemáticos en materia ambiental, de salud y de derechos humanos que se habrían visto afectados con los cambios propuestos. “El espíritu del amparo es proteger a las personas frente al poder del Estado. Esta reforma fortalece al poderoso y debilita a los vulnerables”, dijo en tribuna.
La panista Lilly Téllez, por su parte, acusó al morenista Adán Augusto López de vínculos con el crimen organizado, lo que provocó reclamos de la bancada oficialista, que la exhortó a ceñirse al tema legislativo. En contraste, senadores de Morena defendieron que la iniciativa moderniza el juicio de amparo, incorpora mecanismos digitales y otorga mayor certeza en procedimientos judiciales y fiscales.
El dictamen aprobado redefine el concepto de interés legítimo, permite la digitalización de los procesos, amplía plazos procesales y condiciona la suspensión de créditos fiscales a la entrega de garantías válidas. También establece que las nuevas disposiciones aplicarán tanto a juicios futuros como a los que ya estén en trámite una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Con este paso, la reforma avanza hacia la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe la confrontación política en torno a sus alcances y efectos sobre el sistema de justicia mexicano.