La Corte Suprema de Estados Unidos decidió analizar la legalidad de los aranceles globales impulsados por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional
Estados Unidos. (Marcrix Noticias).- La Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar la legalidad de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, luego de aceptar la apelación del Departamento de Justicia contra un fallo de un tribunal inferior que determinó que el exmandatario se extralimitó en su autoridad al invocar una ley federal de emergencia.
El tribunal fijó el inicio de los alegatos orales para la primera semana de noviembre, dentro de su próximo mandato que arranca el 6 de octubre. La decisión se tomó con rapidez tras la petición del gobierno para revisar un caso que involucra billones de dólares en gravámenes durante la próxima década.
La medida busca resolver si Trump actuó de forma constitucional al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1977, para imponer aranceles generalizados. Dicha legislación había sido usada históricamente para sancionar a países enemigos o congelar activos, pero nunca para establecer tarifas comerciales.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington ya había dictaminado en agosto que Trump se excedió al emplear esa norma para justificar los aranceles, lo que debilitó una de sus principales prioridades en su segundo mandato. A pesar de ello, los gravámenes permanecen vigentes mientras continúa el litigio.
Los jueces también aceptaron escuchar un recurso independiente presentado por la empresa familiar de juguetes Learning Resources, que cuestiona directamente los aranceles fijados por el presidente republicano. Ambos casos podrían sentar un precedente clave sobre los límites de la autoridad presidencial en materia comercial.
Los aranceles de Trump forman parte de una estrategia que él mismo definió como herramienta central de política exterior, utilizada para renegociar acuerdos, ejercer presión política y frenar el tráfico de fentanilo y drogas ilícitas. Sin embargo, críticos sostienen que la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la facultad de establecer impuestos y aranceles, por lo que la decisión final de la Corte Suprema será determinante para el futuro de esta política económica.