Marcela Guerra advirtió que cuatro millones 800 mil mexicanos en Estados Unidos están en riesgo; urge mayor apoyo a la red consular para defender el patrimonio de migrantes.
En lo que va del gobierno de Donald Trump, más de setenta mil migrantes han sido expulsados a México, de los cuales cincuenta mil son mexicanos y veinte mil centroamericanos, advirtió la diputada priista Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. Señaló que el riesgo se extiende a cuatro millones 800 mil connacionales, por lo que pidió a los abogados trabajar para proteger el patrimonio de quienes podrían ser deportados, incluyendo casas, vehículos y pertenencias.
Durante el Quincuagésimo Tercer Congreso Nacional de la Federación de Colegios de Abogados, celebrado este martes en Xicoténcatl, la legisladora por el estado de Nuevo León hizo un llamado a reforzar el trabajo de apoyo y defensa de los derechos de los migrantes, y advirtió sobre la limitada capacidad económica de la red consular mexicana en los Estados Unidos.
“Tenemos que estar preparados porque viene una oleada de retornados. Tenemos experiencia, pero se necesita asignar presupuestos justos a los cincuenta y tres consulados que están pasando por grandes dificultades. Ellos deben proteger a los migrantes bajo amenaza de deportación, pero también a sus familias y su patrimonio”, expresó Guerra Castillo.
Recordó que durante el gobierno del expresidente Barack Obama se deportaron más de dos millones de mexicanos, y en ese contexto se impulsaron estrategias de garantía del derecho a la identidad y a la doble nacionalidad para asegurar la protección patrimonial. Enfatizó que dichas medidas deben retomarse y fortalecerse ante el nuevo escenario.
Finalmente, la legisladora insistió en que México no puede enfrentar esta situación solo. Pidió el respaldo de las barras y colegios nacionales de abogados, organizaciones no gubernamentales, colectivos y asociaciones para defender los derechos de las personas migrantes, incluyendo la reunificación familiar, la protección de trabajadores migrantes temporales y el derecho al voto desde el exterior.