Con cuatro votos a favor, la Primera Sala de la Suprema Corte confirmó que la información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas no puede mantenerse reservada por tratarse de violaciones graves a derechos humanos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe hacer pública la versión pública de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014. Esta decisión ratifica una orden previamente emitida por el entonces Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que había sido impugnada por tres presuntos implicados en el caso.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien argumentó que en casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede mantenerse reservada. Por lo tanto, la FGR deberá difundir el documento a través de su micrositio del Caso Iguala, donde se concentra la información oficial del caso.
Los promoventes del amparo —Agustín García Reyes, alias El Chereje; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; y Patricio Reyes Landa, El Pato— fueron señalados en el sexenio de Enrique Peña Nieto como miembros de Guerreros Unidos, implicados en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, en 2018 fueron liberados tras determinarse que fueron torturados y se violó su debido proceso.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los tres se convirtieron en testigos colaboradores y sus declaraciones han servido para avanzar en nuevas detenciones relacionadas con el caso.
No obstante, la semana pasada fue asesinado El Pato en su domicilio en Jilotepec, Estado de México, por lo que solo dos de ellos siguen con vida.
En su intento por frenar la difusión del expediente, los tres argumentaron ante el Poder Judicial que no se les permitió exponer los posibles daños a su salud, vida e integridad que implicaría hacer pública esta información, ni participar en la determinación del tipo de datos que serían revelados.
A pesar de ello, la SCJN confirmó la sentencia de una jueza federal que negó el amparo, validando así la decisión del INAI emitida el 15 de febrero de 2023. Con este fallo, se sienta un precedente sobre el acceso a la información en casos de violaciones graves a derechos humanos, y se obliga a la FGR a cumplir con su deber de transparencia.