La asociación civil DMAS amplió su amparo para impugnar la exención de Manifestación de Impacto Ambiental que permitió a la Sedena continuar obras junto a la laguna de Bacalar; el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal admitió la nueva acción legal.

Chetumal, (Marcrix Noticias) — La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) amplió su demanda de amparo contra las obras realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a un costado de la laguna de Bacalar, luego de obtener acceso a la exención de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este jueves, el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal admitió la ampliación dentro del expediente 271/2025, en el cual se integraron nuevos conceptos de violación relacionados directamente con la exención ambiental, registrada bajo el trámite Semarnat-04-066.

Inicialmente, la demanda fue promovida contra la ejecución de las obras, debido a que no se tenía conocimiento del estatus legal del proyecto. Tras acceder al documento oficial que autorizó la exención, DMAS formalizó su inconformidad legal contra dicho acto administrativo.

En el acuerdo judicial se reconoce que “al momento de presentar la demanda de amparo, no tenía acceso al documento que contenía el acuerdo administrativo mediante el cual se exentó a la Sedena”. Asimismo, se incluyó a la subdirección de Desarrollo Urbano del municipio de Bacalar como nueva autoridad responsable.

El conflicto gira en torno a la construcción de una casa de descanso militar por parte de la Sedena, a escasos metros del emblemático Fuerte de San Felipe, en la franja costera de la laguna. Habitantes y colectivos locales han señalado desde hace meses que los trabajos se iniciaron sin los permisos ambientales correspondientes.

DMAS y otros grupos ciudadanos han promovido al menos tres amparos —todos con suspensiones vigentes— para frenar las obras. Sin embargo, han denunciado que la Sedena no ha acatado dichas suspensiones y continúa con los trabajos, lo cual ha sido documentado por residentes y medios locales.

La pugna legal continúa mientras organizaciones ambientalistas insisten en que las obras podrían afectar de manera irreversible al delicado ecosistema de la laguna de Bacalar.