Un juez federal reanudará este lunes la audiencia para definir si tres personas son vinculadas a proceso por delitos contra la libertad de expresión, tras la agresión ocurrida en un evento municipal en Playa del Carmen.

Playa del Carmen (Marcrix Noticias)-Un Ministerio Público Federal solicitó formalmente la imputación contra tres personas señaladas por agredir al activista Antonio Ramos Pérez, luego de impedirle el acceso a una rueda de prensa del Gobierno Municipal de la pasada administración en Playa del Carmen.

Este jueves se celebró la audiencia inicial dentro de la carpeta de investigación 139/2024 integrada por la Fiscalía General de la República (FGR), enfocada en delitos contra la libertad de expresión. Sin embargo, a petición de la defensa de los acusados, el juez federal de control del Centro de Justicia Penal de Cancún accedió a suspender la audiencia, la cual se reanudará el próximo lunes al mediodía.

Será en esta próxima sesión cuando se determine si los tres imputados serán vinculados a proceso, con lo que se formalizaría el inicio de un juicio penal en su contra.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando Ramos Pérez y otro colega intentaron ingresar a los denominados informes semanales de la entonces alcaldesa Lili Campos Miranda. El objetivo era formular preguntas críticas sobre el gasto público, pero fueron forzados a salir del salón del palacio municipal, donde Ramos Pérez recibió presuntas agresiones físicas y verbales de particulares —no servidores públicos—, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser procesados.

Tras lo sucedido, el activista presentó una denuncia ante la FGR, y aunque han transcurrido varios meses, el caso apenas inicia su etapa judicial.

Antonio Ramos expresó su esperanza de que se le haga justicia después de enfrentar agresiones y estigmatización por su labor periodística y de activismo en redes sociales.
“No debemos permitir que algunas personas que se sienten con poder busquen amedrentar a los demás”, enfatizó.

Actualmente, Ramos Pérez cuenta con medidas cautelares que protegen su integridad, incluyendo la prohibición para los acusados de acercarse o comunicarse directamente con él.