En Quintana Roo, solo 600 de los 5,000 asesores inmobiliarios cuentan con matrícula vigente, aumentando los riesgos de fraudes, especialmente en el sur del estado.
Cancún (Marcrix Noticias)-En Quintana Roo, el creciente problema de los fraudes inmobiliarios está en el foco de atención, ya que solo una de cada diez personas que se dedican a la asesoría inmobiliaria cuenta con la matrícula que exige la Ley Inmobiliaria del estado. Según Patricia Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, de los aproximadamente 5,000 agentes inmobiliarios que operan en la región, solo 600 tienen un registro vigente. Esto incrementa el riesgo de estafas y pone en peligro la inversión de quienes buscan adquirir inmuebles en la entidad.
La AMPI está trabajando junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable para incrementar el número de agentes que cuentan con esta certificación. Actualmente, al menos mil asesores están en lista de espera para obtener su matrícula, lo que brindaría mayor certeza jurídica a los compradores. Este proceso, que incluye el pago ante las autoridades hacendarias, es vital para aumentar la confianza en el mercado inmobiliario, donde ya se han clausurado al menos 15,000 lotes irregulares en la zona norte, incluidos desarrollos en la Huayacán, el libramiento y la Ruta de los Cenotes.
El problema es aún más grave en el sur del estado, donde los fraudes inmobiliarios en lugares como Bacalar y Xul-há han aumentado de manera alarmante. Jaime Aguilar Cheluja, presidente de la AMPI en esta región, destacó que las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para cometer estas estafas, con publicaciones engañosas que ofrecen terrenos a precios bajos y con facilidades de pago, pero sin los permisos necesarios ni regularización.
Muchos compradores, motivados por la promesa de adquirir propiedades que aumentarán su valor con la llegada del Tren Maya, se ven atrapados en estos fraudes. Las víctimas suelen descubrir demasiado tarde que los terrenos que adquirieron no tienen ninguna posibilidad de ser regularizados, ya que ni siquiera están incluidos en el Programa de Desarrollo Urbano. En algunos casos, las personas transfieren dinero para apartar terrenos “de oportunidad” o reciben documentos falsos, solo para descubrir al intentar regularizar el predio que los vendedores no son los dueños legítimos.
Desde 2021, solo tres fraccionamientos con viviendas de interés social han sido autorizados legalmente en Bacalar, lo que resalta la magnitud del problema de los desarrollos irregulares.
La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo ha señalado que varios grupos, principalmente provenientes de Yucatán, están detrás de estos fraudes. Aprovechándose del creciente interés en la región, estos grupos han creado un esquema para embaucar a inversionistas desprevenidos.
La AMPI del sur del estado ha anunciado que buscará colaborar con la Policía Cibernética de la Guardia Nacional para combatir la venta ilegal de terrenos a través de plataformas digitales, en un esfuerzo por frenar el creciente número de fraudes que afecta tanto a inversionistas locales como nacionales.