La resolución judicial permite la remediación de ecosistemas devastados en Playa del Carmen, pero no autoriza la reanudación de la explotación minera.
Playa del Carmen(Marcrix Noticias).- Una reciente resolución judicial otorga a Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, el permiso para ingresar a sus predios en Playa del Carmen exclusivamente con el fin de realizar trabajos de remediación ambiental. La medida marca un avance en el prolongado conflicto legal entre la empresa y el Gobierno de México, aunque especialistas cuestionan si podrá compensar el daño ecológico acumulado durante décadas.
El conflicto inició en 2022, cuando autoridades federales denunciaron que Calica sobreexplotaba piedra caliza, provocando daños graves e irreversibles al ecosistema local. La Profepa ordenó la clausura definitiva de la planta, y en septiembre de 2024 la zona fue declarada Área Natural Protegida, frenando la extracción que la empresa había realizado durante 36 años. Esta decisión reforzó la prioridad de preservar los recursos naturales de Quintana Roo frente a intereses económicos.
La resolución judicial aclara que el ingreso a los predios –que incluyen la zona devastada de “La Rosita” y los terrenos aún intactos de “La Adelita” y “El Corchalito”, con una extensión de 1,250 hectáreas– será supervisado por Semarnat y estará limitado a labores de restauración ambiental. La dependencia federal ha señalado que Calica excedió los límites de extracción autorizados, llegando hasta 12 metros bajo el manto freático, lo que provocó la mezcla de agua salada y dulce, pérdida de suelos, deforestación y daño a cenotes y corredores biológicos.
Durante casi 40 años, Vulcan Materials ha exportado material de la región, dejando cráteres y un impacto irreversible en la Selva Maya. Además, la empresa mantiene un juicio internacional ante el CIADI contra el Estado mexicano, reclamando compensaciones multimillonarias por la clausura, lo que subraya la tensión entre la soberanía ambiental y los derechos de inversionistas extranjeros amparados por tratados comerciales.
Aunque la obligación de remediar representa un avance, expertos advierten que restaurar un ecosistema kárstico con acuíferos interconectados y alta biodiversidad es una tarea compleja y de resultados inciertos. Entre las posibles alternativas de uso del predio se analizan proyectos turísticos de bajo impacto o la compra estatal de los terrenos para consolidar el Área Natural Protegida, con prioridad en la regeneración ambiental. Paralelamente, el Gobierno mexicano ha anunciado su intención de contrademandar a Vulcan Materials a nivel internacional para asegurar que la empresa asuma los costos totales del daño causado.
La resolución constituye un paso hacia la justicia ambiental, pero la recuperación real del ecosistema y la protección definitiva de los recursos naturales dependerán de la eficacia de la remediación y del compromiso del Estado para garantizar que los 36 años de explotación no queden impunes.