Veracruz es el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México

La entidad suma 32 periodistas asesinados desde el año 2000, según Artículo 19.

 

Veracruz, México, (Marcrix Noticias).- Veracruz se consolida como el estado más peligroso para el ejercicio periodístico en México, al acumular 32 homicidios de comunicadores desde el año 2000, de acuerdo con registros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La entidad también fue la primera en reportar el asesinato de un periodista durante la actual administración federal.

El caso más reciente ocurrió el 8 de enero de 2026, cuando fue asesinado Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, en el municipio de Poza Rica. El comunicador se especializaba en la cobertura de temas de seguridad y nota policiaca; su muerte se suma a una larga lista de agresiones contra la prensa en el país.

La organización Artículo 19, que documenta agresiones contra periodistas en México y América Latina, ha señalado que la violencia contra el gremio se mantiene como un problema estructural.

Según sus informes, durante los gobiernos federales recientes se registraron 47 periodistas asesinados en los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto; 48 durante el de Felipe Calderón; 22 en el de Vicente Fox; y 3 en el de Ernesto Zedillo.

En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, el homicidio ocurrido en enero de 2026 se contabiliza como el noveno caso de un periodista asesinado en el país.

 

Estados con mayor número de homicidios

 

Además de Veracruz, los estados con más periodistas asesinados desde el año 2000 son Guerrero con 19 casos; así como Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas, con 15 cada uno.

Organizaciones civiles advierten que más del 89% de los ataques contra periodistas en México permanecen en la impunidad, lo que refuerza un entorno de riesgo constante para quienes ejercen la labor informativa.

Con estos antecedentes, México continúa siendo considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra, una condición que mantiene en alerta a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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