El gobierno de Venezuela acusa al presidente de Argentina, Javier Milei y a su equipo de robo agravado por la incautación y desmantelamiento de un avión, vinculado a grupos terroristas.
Venezuela (Marcrix Noticias).- El Ministerio Público de Venezuela anunció su intención de solicitar órdenes de aprehensión contra el presidente argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
Esta decisión fue comunicada el miércoles 18 de septiembre por el fiscal general, Tarek William Saab, quien argumentó que los funcionarios están implicados en el “robo y desmantelamiento” de un avión Boeing 747-300, incautado por Argentina en 2022 bajo sospechas de vínculos con grupos terroristas internacionales.
Según Saab, se han designado dos fiscales para llevar a cabo los trámites necesarios para emitir las órdenes de captura.
“Esta Procuraduría de la República Bolivariana de Venezuela comunica la designación de los abogados que realizan las diligencias pertinentes del caso”, afirmó el fiscal, enfatizando la gravedad de las acusaciones.
El avión en cuestión fue entregado a Estados Unidos en febrero de este año, tras haber sido confiscado en Buenos Aires.
Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones sobre el Boeing 747-300, debido a que su transferencia de Mahan Air de Irán a Emtrasur, una empresa venezolana, violó las leyes de exportación estadounidenses. Saab calificó a Milei como un “fascista neonazi” y acusó a su administración de ofender la institucionalidad democrática de Venezuela.
La solicitud de captura escaló las tensiones entre ambas naciones, que ya se encontraban tensas por acusaciones mutuas. Además de las imputaciones relacionadas con el avión, Saab mencionó que se está investigando la posible comisión de violaciones graves a los derechos humanos por parte de Milei y Bullrich.
La situación se complica aún más en el contexto de las relaciones diplomáticas deterioradas, ya que Argentina, por su parte, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros líderes del gobierno venezolano, alegando un empeoramiento de la crisis humanitaria en el país.