La propuesta busca reformar la Ley de Procedimientos Electorales para evitar que puedan ser candidatos
Chetumal (Marcrix Noticias).- La Comisión Permanente de la XVII Legislatura del Estado turnó a comisiones una iniciativa que propone establecer en ley que las personas sentenciadas como deudores alimentarios o aquellas inscritas en el registro estatal como personas que cometieron violencia política contra la mujer, no puedan acceder a puestos de elección popular.
Aunque la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo ya establece que los sancionados por violencia política de género no pueden ser candidatos, en esta propuesta se busca que no puedan tener candidaturas los ciudadanos inscritos en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.
Estas prohibiciones ya son obligatorias en todo México, luego de que a finales de mayo se publicó la reforma constitucional que establece la llamada 3 de 3 contra la violencia de género, en la cual las personas sentenciadas por cualquier delito que implique violencia contra la mujer, deuda alimentaria o violencia política de género no pueden acceder a ningún cargo público en ningún nivel de gobierno.
Cabe destacar que esta iniciativa propuesta por los diputados Elda María Xix Euán y Luis Humberto Aldana Navarro sólo armonizará en la ley secundaria la nueva disposición constitucional para impedir a los deudores alimentarios el acceso a cargos de elección popular.
La propuesta plantea establecer supuestos de inelegibilidad que antes solo eran considerados con efectos declarativos y publicitarios, para que los tribunales electorales tengan en la norma jurídica las herramientas para que puedan emitir resoluciones con perspectiva de género.
De esta forma, se propone establecer en ley que las personas que sean sentenciadas en materia familiar o penalmente como deudor alimentario o moroso, por atentar contra las obligaciones alimentarias, así como aquellas personas que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, no puedan acceder a puestos de elección popular hasta que se cumpla con el término previsto de su sanción.